Hasta con 30 años de cárcel podrían castigar a adultos que utilicen menores de edad para mendigar

Teniendo en cuenta el contexto más reciente donde un menor de edad fue maltratado en Medellín por un tío que lo utilizaba para vender en las calles, se abrió un segundo debate en el Congreso de la República para la aprobación de un proyecto de ley que busca aumentar las penas a los adultos que usen, induzcan o permitan la utilización de menores de edad para la mendicidad.

El senador John Milton Rodríguez, co-fundador del partido político Colombia Justa Libres, rechazó desde el poder legislativo el hecho sucedido el 5 de noviembre en Medellín. Además, indicó que la pena máxima por explotación de menores podría llegar a ser de 30 años:

El proyecto de ley agravaría la pena en caso de que los padres, familiares o cuidadores de los niños utilicen alucinógenos con los menores para someterlos a la mendicidad u otras prácticas relacionadas con drogas. En dado caso, los adultos a cargo perderían la patria potestad del menor en cuestión.

Vale la pena mencionar que el proyecto propuesto, que ahora pasará a aprobación en la Cámara de Representantes, contó con el respaldo de todos los partidos políticos y podría estar listo para sanción presidencial en los primeros días de diciembre.

Antecedentes

Este proyecto de ley es impulsado luego de la indignación que despertó el caso registrado en video por una ciudadana de Medellín que fue testigo del maltrato que sufrió un menor de edad venezolano de manos de su tío, luego de que este lo lanzara desde el aire al suelo, a la altura de una bicicleta.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aseguró que el menor de 12 años, ya se encuentra bajo cuidado de un hogar de paso. Las autoridades descubrieron que el niño también era víctima de la trata de personas para la mendicidad y era manipulado con el pretexto de que si no vendía la meta diaria, no tenía derecho a comer.

Lo que al parecer sería una red de explotación infantil en Antioquia, ahora es materia de investigación por parte de las autoridades de este departamento. Lina María Arbeláez, directora del ICBF, repudió el hecho y aseguró que buscan garantizar los derechos del menos. "Empieza todo el proceso para garantizar el restablecimiento de sus derechos, en un caso evidente de trata de personas por mendicidad, en en que familiares le ponen a pedir plata en las calles de Medellín para garantizar una cuota”, dijo Arbeláez.

El responsable de este hecho aún es buscado por la Policía para ser judicializado o posiblemente deportado a su país de origen. Las autoridades enfatizan que es obligación de los adultos procurar el cuidado y bienestar de los niños. Ante este panorama, Migración Colombia intensificó los controles a los ciudadanos extranjeros que al parecer estarían explotando a varios menores de edad y en algunos casos son hasta de la misma familia.

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