ONU condenó masacres y asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros en Colombia

Los miembros del Consejo de Seguridad insistieron en que se active una política pública de desmantelamiento de los grupos armados ilegales

10/01/2019 El líder social colombiano Miguel Antonio Gutiérrez fue asesinado el pasado 7 de enero con varios impactos de bala en su residencia en el departamento de Caquetá. Constituye el séptimo asesinato de líderes sociales en el país en lo que va de año
POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA SOCIEDAD
TWITTER / @TUPAMAROMRT
10/01/2019 El líder social colombiano Miguel Antonio Gutiérrez fue asesinado el pasado 7 de enero con varios impactos de bala en su residencia en el departamento de Caquetá. Constituye el séptimo asesinato de líderes sociales en el país en lo que va de año POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA SOCIEDAD TWITTER / @TUPAMAROMRT

Este martes 20 de octubre, se conoció que los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenaron enérgicamente las masacres y asesinatos en contra de los líderes sociales y excombatientes de las Farc en Colombia.

También, de acuerdo con la FM, se mostraron sumamente preocupados por el aumento de la violencia armada en todo el país, incluso durante la pandemia del Coronavirus. También llamó la atención a los miembros de la ONU el recrudecimiento de las intimidaciones, los ataques, el desplazamiento forzado y confinamiento armado en contra de las comunidades indígenas.

“Los miembros del Consejo de Seguridad expresaron su profunda preocupación por las persistentes amenazas, ataques y asesinatos contra líderes comunitarios y sociales, incluyendo mujeres lideresas y líderes y lideresas de las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como contra exmiembros de las FARC-EP que dejaron las armas en el marco del proceso de paz”, señala el pronunciamiento.

Los miembros de la ONU condenaron “enérgicamente los múltiples asesinatos ocurridos en los últimos meses, incluyendo de jóvenes y menores de edad” y expresaron que este tipo de violencia se está registrando “en zonas con escasa presencia del Estado y disputas entre grupos armados ilegales y organizaciones criminales”.

La ONU llamó a implementar de manera urgente un plan de acción del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. Pidieron, además, que los responsables por estas muertes sean judicializados y que la Defensoría del Pueblo y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General adelanten las medidas “necesarias de protección de los líderes, exguerrilleros y comunidades que están en riesgo”.

Pidieron que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad active, de forma acelerada, una política pública de desmantelamiento de los grupos armados ilegales e insistieron en que se siga asignando presupuesto para la seguridad de los excombatientes, a través de la Unidad Nacional de Protección.

Los miembros del Consejo de Seguridad reafirmaron, además, su pleno apoyo a los tres componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y destacaron la necesidad de respetar su plena independencia y autonomía. Además, señalaron que las recientes expresiones de responsabilidad por crímenes cometidos durante el conflicto – haciendo referencia a la confesión de las Farc como autores del magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y otros crímenes que hasta ahora no se habían resuelto- son pasos positivos hacia el cumplimiento de los compromisos en materia de verdad, justicia y reconciliación, requeridos por el Acuerdo Final de Paz.

El Consejo alentó a todas las partes involucradas en el conflicto a que “sigan aportando contribuciones de esa índole, y a todos los actores a que apoyen la labor crítica de los tres componentes”.

También elogiaron las medidas y los nuevos planes del Gobierno para aumentar la compra de tierras para los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Subrayan que esto es esencial para la sostenibilidad del proceso de reincorporación y, en este sentido, instaron a que se preste atención a las necesidades de las y los excombatientes que viven fuera de los antiguos ETCR.

A través del pronunciamiento los miembros de este Consejo respaldaron la labor que ha desarrollado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que está integrado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

Finalmente, destacan la importancia de implementar todos los aspectos del Acuerdo Final de Paz, incluyendo la reforma rural, la participación política, la lucha contra las drogas ilícitas, incluyendo los programas de sustitución de cultivos, y la justicia transicional. Acogieron con beneplácito la reciente aprobación de la utilización de las regalías mineras para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y recalcaron la importancia de presupuestar recursos suficientes para implementar el acuerdo final de paz en su totalidad.

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