El director de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Atehortúa, ha anunciado este sábado que los agentes del cuerpo no podrán portar armas de fuego durante las manifestaciones convocadas para la semana que viene en Bogotá y en otras ciudades del país.
Según Atehortúa, únicamente tendrán dotación para preservar la seguridad de los asistentes a las protestas, que no podrán superar un aforo de más de 50 personas para evitar eventuales contagios de COVID-19.
Por otro lado, ha trasladado que ha pedido a los organismos de control pertinentes acompañar a la Policía para que puedan verificar el cumplimiento de los protocolos dispuestos, ha informado Caracol Radio.
La muerte del abogado Javier Ordóñez, de 42 años, el pasado 9 de septiembre en Bogotá bajo custodia policial desató jornadas de movilizaciones masivas en varias ciudades colombianas contra la brutalidad de la Policía.
En las protestas se registraron disturbios y enfrentamientos violentos con los agentes. Al menos una docena de personas murió, más de 300 resultaron heridas y se registraron un centenar de denuncias contra la labor de los agentes sólo en Bogotá.
En este contexto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó de que había hecho llegar al presidente de Colombia, Iván Duque, “una hora y media de vídeo en donde se evidencia el uso indiscriminado de armas e fuego contra la población por partes de algunos miembros de la Policía Nacional” durante las movilizaciones.
López, que denunció una “masacre”, defendió la necesidad de reformar la Policía de Colombia que, a su juicio, debería estar sujeta al control de la ciudadanía y la justicia ordinaria.
La autopsia del abogado Javier Ordóñez, cuya muerte a manos de la Policía desató una ola de protestas en Colombia, ha revelado que tenía múltiples hematomas y el estallido del riñón derecho, con sección completa de arteria.
El informe de Medicina Legal, al que ha tenido acceso la emisora Caracol Radio, apunta así a una brutal paliza por parte de los agentes que le provocó una hemorragia extensa en los tejidos blandos que rodean el riñón derecho y gran acumulación de sangre dentro de la cavidad abdominal.
“Hematoma retroperitoneal masivo de aproximadamente 2.000cc y acumulación masiva de sangre dentro de la cavidad abdominal, de aproximadamente 1.500cc (hemoperitoneo), lesiones patrón producidas por elemento punzante por arma de conducción eléctrica de diámetro. Las lesiones patrón se correlacionan con el arma aportada”, explica el informe.
Las lesiones fueron producidas por las descargas eléctricas de pistola taser, hay evidencias de signos de inmovilización, y traumas en diferentes partes del cuerpo.
“Evidencia de trauma penetrante, de tejidos blandos de miembro inferior derecho por esquirlas de un proyectil de arma de fuego; se recuperan dos fragmentos metálicos (visualizados por radiografía simple), con túnel hemorrágico; se localiza probable orificio de entrada de forma irregular sin residuos macroscópicos de disparo en piel”, prosigue el informe. El análisis de residuos de orina dio negativo a consumo de sustancias psicoactivas.
Este viernes, diez días después de la agresión, fueron detenidos los dos agentes presuntamente implicados en la muerte de Ordóñez, Harby Ramírez Díaz y Juan Camilo Lloreda, por un delito de tortura y homicidio agravado. La orden de detención contra ambos se emitió a primera hora del jueves. Tras los arrestos, la Policía ha procedido a destituirlos de forma definitiva como agentes del Cuerpo, del que estaban suspendidos.
Ramírez y Lloreda aparecen en un vídeo difundido por redes sociales, en el que puede verse cómo someten a Ordóñez, aplicándole varias descargas con una pistola táser a pesar de las súplicas de la víctima, que se encontraba en el suelo.
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