Organizaciones y consejos regionales de los pueblos indígenas de Colombia han marchado este viernes por las calles de Bogotá, uniéndose a los miles de manifestantes que han abarrotado las calles de la capital del país en el noveno día de las jornadas de protesta contra el Gobierno de Iván Duque.
“No queremos que este país continúe sangrando”, ha manifestado el coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Jhoe Sauca, días antes de la jornada de movilización que tenía como destino final Casa Nariño, la residencia presidencial.
Los pueblos originarios de Colombia, explicó Sauca, se manifestaron para exigir el fin de los asesinatos de líderes indígenas y comunitarios por parte de grupos armados y paramilitares. “Vinimos para hacer un paro político en alianza con las universidades y organizaciones sociales y campesinas. Queremos trazar una agenda de trabajo que podamos llevar a cabo en Bogotá”, ha contado Cauca.
Por su parte, la consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Aida Quilcué, ha aseverado que “son muchas las formas de violencia que están viviendo nuestros pueblos indígenas en distintas regiones del país. Nos unimos por la vida, por la dignidad de los pueblos porque muchos están dando la vida para que este país cambie”.
El objetivo de las organizaciones indígenas, tal y como ha informado el periódico colombiano ‘El Espectador’, es permanecer durante varios días en Bogotá. Sauca no ha sabido especificar cuántos, pero ha asegurado que otras organizaciones indígenas llegarán desde distintas zonas del país para secundar las actividades del paro nacional.
HUELGA GENERAL
Las protestas comenzaron la semana pasada coincidiendo con la huelga general convocada por sindicatos, jubilados, profesores y estudiantes, colectivos indígenas y LGTBI, para protestar contra el Gobierno de Duque y sus políticas económicas, las cuales, según denuncian estos colectivos, han depauperado la esperanza de vida en el país.
Los días previos a la huelga, el Ejecutivo otorgó plenos poderes a las autoridades locales y regionales para imponer las medidas necesarias en caso de que se produjeran actos de violencia y revueltas similares a las acontecidas en las últimas semanas en las principales ciudades de algunos de los países de la región, como Ecuador, Chile y Bolivia.
Con información de Europa Press
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