Firma del acuerdo de paz entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y el guerrillero de las FARC alias Timochenko (EFE)
Firma del acuerdo de paz entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y el guerrillero de las FARC alias Timochenko (EFE)

Un día como hoy, 26 de septiembre de 2016, el mundo entero daba la noticia del final de uno de los conflictos más longevos de occidente, la guerra que por más de 56 años libraron el Estado colombiano con la guerrilla de las FARC y que ese día ponían punto final firmando un acuerdo de paz histórico en la caribeña ciudad de Cartagena. Ese hito marcaría el inicio de un camino de altibajos que tras tres años aún no ha conseguido consolidar lo pactado.

Tan solo una semana después de la firma, Colombia celebraría un plebiscito para refrendar el acuerdo y sorpresivamente los colombianos votarían por el NO, aunque con un estrecho margen. Esto obligó a una renegociación que se extendió hasta noviembre de ese año, en la que la incertidumbre sobre un posible rearme de la guerrilla o el futuro de la mesa de diálogo se apoderó del país.

Sin embargo, gracias a la voluntad de las partes, la intervención de la comunidad internacional que por medio de la misión de la ONU garantizó el mantenimiento del cese al fuego, la incorporación de la mayoría de ajustes sugeridos por los promotores del NO en el plebiscito y un premio Nobel de Paz otorgado al ex presidente Juan Manuel Santos que le dio un nuevo impulso a la renegociación, se logró una nueva firma en 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá.

Después vino un año difícil para el presidente Santos, que sin respaldo político tras la derrota del plebiscito no pudo sacar adelante todas las reformas iniciales para dejar andando la implementación del acuerdo de paz, y en las elecciones de 2018 terminaría entregando el poder al partido que más se opuso al proceso y a su gobierno, el Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe Vélez.

El cambio de gobierno, encabezado por Iván Duque, ha traído nuevos obstáculos y retos para la implementación del Acuerdo de Paz, sumado a una nueva situación de orden público en el país que viene de la mano del fortalecimiento de otros grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo, e incluso grupos disidentes de las FARC que han retomado las armas.

La firma de los protocolos y anexos del acuerdo sobre
La firma de los protocolos y anexos del acuerdo sobre "Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas", en La Habana (EFE)

En Infobae consultamos a expertos sobre los principales aciertos y desaciertos en el proceso por consolidar la paz en Colombia y esto fue lo que nos dijeron:

Aciertos:

1. El desarme efectivo de la mayoría de las FARC: aunque el anuncio de Iván Márquez, Jesús Santrich, y otros antiguos jefes de la guerrilla de retomar las armas y revivir las FARC-EP haya ocupado grandes titulares en Colombia y el mundo, y sea una noticia desalentadora para el proceso de paz, lo cierto es que la gran mayoría de quienes firmaron el acuerdo siguen comprometidos con su reincorporación a la vida civil y no parece haber señales de una masiva desbandada de ex combatientes regresando a la vida guerrillera.

Así lo destaca Luis Fernando Trejos, profesor investigador de la Universidad del Norte y experto en temas de conflicto armado y violencia política. “El acierto ha sido la voluntad de paz de la gran mayoría de los ex combatientes de las antiguas FARC que le han apostado a mantenerse en la legalidad a pesar de las dificultades que se han venido presentando en la implementación del Acuerdo, especialmente en lo referido a la reintegración social, política y económica”, destaca Trejos.

Según cifras oficiales de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), 13.202 personas fueron acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado de Paz como ex integrantes de las FARC, de las cuales 13.023 están aún en el proceso de reincorporación, lo que quiere decir que el 98,6% de los desmovilizados se mantienen firmes dentro del acuerdo.

Estas cifras incluso superan los estimados hechos por el ex presidente Juan Manuel Santos y el ex comandante en jefe de las Farc Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, en los que hablaban de que el 90% de los desmovilizados estaban comprometidos con la paz y su proceso de reincorporación.

2. La participación ciudadana en la implementación: durante el proceso de negociación en La Habana, pero sobre todo después de la primera firma de la paz y la derrota en del plebiscito, las organizaciones sociales han tomado un protagonismo muy importante en la defensa de lo pactado y del anhelo de paz en los territorios colombianos. Así lo destaca Lida Núñez, del colectivo Viva La Ciudadanía, quien señala que desde la firma del Acuerdo se ha logrado profundizar más en la democracia y en la participación ciudadana en los procesos alrededor de la implementación.

Señala, por ejemplo, la participación de las comunidades en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son planes subregionales a 10 años que trazan una hoja de ruta en cuanto a las prioridades de la implementación del acuerdo en los municipios y zonas priorizadas. “Eso implicó que gente que no tenía ni idea de lo que era ser ciudadano, que no sabía cómo era pensar el desarrollo, se involucrara activamente en la construcción de esos planes (…) Esta fue una muy buena idea que hasta ahora ha tenido avances parciales”, destaca Núñez.

La líder cívica también señala que desde el acuerdo hubo una apertura significativa en el debate público y esto facilitó la actuación de los colectivos de la sociedad civil. “Esa posibilidad que ha dado el acuerdo a la participación ciudadana y a la deliberación no violenta es uno de sus mayores aciertos”, afirma.

3. Las FARC como partido político: el paso de las armas a la política no ha sido fácil para la guerrilla. Su primera aventura electoral fue un rotundo fracaso ya que al no lograr obtener los votos suficientes para sacar un solo congresista se vieron amparados por las 5 curules y Cámara y las 5 en Senado que el acuerdo les otorgó por dos periodos consecutivos. También intentaron promover la aspiración presidencial de su ex comandante en jefe, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, pero terminaron retirando la candidatura por problemas de salud y falta de garantías.

No obstante, el solo hecho de que la guerrilla más longeva de occidente esté hoy pensando en planes políticos con miras a las elecciones y no en extorsiones, secuestros, narcotráfico o acciones militares, es ya un gran avance. Hoy las Farc han demostrado desde el Congreso que su compromiso con la paz es real, e incluso han tomado la vocería de los partidos políticos declarados en oposición para darle al país mensajes de tranquilidad en momentos claves. Como el que dio Londoño Echeverri tras el anuncio de rearme de una facción de la antigua guerrilla.

Asimismo, en estas elecciones tienen candidatos a las distintas corporaciones públicas como alcaldías, concejos y asambleas; y han podido mantener una cohesión significativa de las antiguas tropas quienes ahora son miembros militantes de su partido. Parafraseando al ex jefe negociador de paz del Gobierno en La Habana, Humberto De La Calle, hoy las FARC ya no está “echando bala en el monte” sino “echando labia en el Congreso”.

La firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC (EFE)
La firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC (EFE)

Desaciertos:

1. Las trabas a la JEP: la Jurisdicción Especial de Paz es el máximo tribunal dentro del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, todo un andamiaje de justicia transicional creado para ponerle punto final al conflicto, reparar a las víctimas y construir una verdad histórica de lo que sucedió en los años de guerra. La JEP tiene a su cargo determinar las responsabilidades de los guerrilleros, agentes del Estado y terceros implicados en el conflicto, dando penas alternativas o menores dependiendo de la cantidad de verdad que entreguen las partes.

Pero poner en marcha la JEP no ha sido tarea fácil, sobre todo por los fuertes detractores políticos que tiene, empezando por el propio Gobierno. “El desacierto es seguir atacando y dificultando el normal funcionamiento de la JEP a pesar del apoyo internacional y la rigurosidad técnica y jurídica con que se diseñó”, destaca el profesor Luis Fernando Trejos.

Se refiere el experto a los ataques sistemáticos contra este modelo de justicia, que empezaron desde el plebiscito en el que los opositores al acuerdo que promovían el NO, basaban la mayoría de sus críticas en la creación de este tribunal. Durante la renegociación se cambió la participación de jueces extranjeros en las salas de justicia de la JEP y la competencia que tenían sobre los agentes del Estado y los terceros implicados, haciendo de la comparecencia de estos últimos algo que ya no era obligatorio sino voluntario.

Asimismo, una de las primeras actuaciones del Gobierno de Duque fue presentar una serie de objeciones para la Ley Estatutaria de la JEP, que definía el reglamento para que esta jurisdicción operara. En la discusión sobre las objeciones pasaron por lo menos los primeros seis meses del nuevo gobierno y al final la Corte Constitucional terminó dándole la razón a quienes afirmaban que lo objetado por Duque ya estaba subsanado y que no existían verdaderas razones para impedir que funcionara la JEP.

2. La desfinanciación a la Paz: para Lidia Núñez este es uno de los más grandes errores que está cometiendo el actual gobierno y que se ve reflejado en dos decretos firmados por Presidencia el mes pasado, el 1438 y 1426. Gracias a estos decretos se permite usar los recursos de Fondopaz, fondo creado para financiar la implementación y que recibe aportes de la comunidad internacional, en las “zonas estratégicas de intervención”, que representan una visión militarista de la seguridad en el país.

“El discurso es más seguridad, pero es entendida por más pie de fuerza, no por más seguridad social que pasa por la implementación del acuerdo”, resalta Núñez. Esta situación parte, según la lidereza, de las mentiras que se promovieron durante el plebiscito y la campaña presidencial que produjeron la victoria del NO y la llegada al poder del partido más fuerte de oposición al acuerdo.

“Pensar que el acuerdo de paz era entregarle el país a una guerrilla que no tiene nada que ver con la realidad. Pensar que esto es un problema de que ahora ganó la izquierda y el castrochavismo es un desacierto fundamental porque esto está impidiendo la posibilidad de pluralismo democrático”, dice Núñez.

Señala además que temas tan importantes como la protección efectiva de los derechos de las minorías sexuales o de las mujeres, tan importantes en el texto del Acuerdo de Paz, no se encuentran en el Plan de Desarrollo del actual gobierno, lo que muestra un cambio no solo en la ideología sino en las prioridades a la hora de invertir los recursos del Estado.

3. Las reformas que no llegan: tres años después de firmar la Paz todavía hay importantes reformas contempladas en los acuerdos que hoy duermen el sueño de los justos. Quizá la más destacable, entre las que sí han sido aprobadas, es el Estatuto de Oposición, que entre otras cosas permite a los partidos declarados así dirigirse al país en alocuciones denominadas “replicas” cada vez que el presidente lo hace primero.

Pero otras tan importantes como la Reforma Rural Integral, ni siquiera ha sido discutida en el Congreso y está lejos de ser implementada. Esta es quizá la gran deuda, ya que el problema del conflicto colombiano se cimentó en la lucha por la tenencia de la tierra.

También la reforma política, la cual contempla una apertura en el sistema democrático en el país para facilitar, por ejemplo, la participación de pequeños partidos y de organizaciones de víctimas en la contienda política. Del mismo modo se cayó en el Congreso, durante el último año del gobierno Santos, las Circunscripciones Especiales de Paz, que se traducían en unas curules nuevas en el Congreso destinadas para darle representación política a las víctimas del conflicto.

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