Por primera vez, un ex jefe del Ejército colombiano admitió que ayudó a desaparecer civiles para hacerlos pasar por guerrilleros

El mayor Gustavo Enrique Soto, implicado en casos de “falsos positivos”, admitió su responsabilidad y contó cómo se llevaban a cabo esas ejecuciones extrajudiciales

Gustavo Enrique Soto
Gustavo Enrique Soto

El mayor Gustavo Enrique Soto, ex jefe del Gaula del Ejército, un grupo especial de las Fuerzas Armadas con propósitos anti secuestro y anti extorsión, compareció ante la Comisión de la Verdad de la JEP para contar en un revelador testimonio cómo era el modus operandi de los “falsos positivos”, nombre por el que se conocen las ejecuciones extrajudiciales a población civil para hacerlos pasar como guerrilleros y engordar las cifras de bajas en combate.

“En mi unidad, el Gaula Militar Casanare, se presentaron desapariciones forzadas, y el día de hoy quiero manifestarles a ustedes de igual manera que he aceptado mi responsabilidad”, afirmó el militar retirado ante la Comisión de la Verdad.

La confesión de Soto, sin embargo, no tiene un peso judicial ya que la Comisión de la Verdad, a pesar de formar parte de la JEP, no es un tribunal como tal y no puede adjudicar responsabilidades o abrir procesos penales. Existe solo para construir una verdad histórica del conflicto y las admisiones de responsabilidad ante éste son voluntarias.

No obstante, lo contado por el mayor Soto supone un reconocimiento con muy pocos precedentes y ayuda a entender el mecanismo criminal que operó al interior de la Fuerza Pública colombiana, sobre todo entre los años 2002 y 2008, en los que se dio la política de incentivos que buscaba mejorar los resultados del Ejército por medio de la cual se otorgaban ascensos, condecoraciones, días de descanso y remuneraciones económicas por subir las cifras de muertes de guerrilleros.

Soto contó en su testimonio que a los civiles primero los ejecutaban y después hacían desaparecer los documentos de las víctimas para dificultar la investigación por su desaparición. Contó el ex militar afirmando que estaba arrepentido “de corazón”. “Quiero contribuirle a la verdad, a las víctimas, buscando las personas que se encuentran desparecidas”, dijo.

Esta política de incentivos, enmarcada dentro de la Seguridad Democrática, política de bandera del gobierno de Álvaro Uribe Vélez -presidente de Colombia entre 2002 y 2010- produjo alrededor de 2.248 asesinatos comprobados a civiles inocentes, según la Fiscalía, aunque las cifras varían según la fuente.

Por ejemplo, la misma Fiscalía ha dado cifras diferentes en años anteriores, alcanzando incluso los 5 mil casos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado de 4.475 ejecuciones extrajudiciales, la ONG Human Rights Wacht de cerca de 3.700 casos, según algunas organizaciones de víctimas la cifra ronda los 6.600 e incluso se ha hablado de 10 mil casos, partiendo de testimonios de militares retirados del ejército colombiano.

“Tengo algunos documentos que van a ser de suma importancia por las estadísticas que se manejaban en ese momento. Cuando fui comandante del Gaula militar Casanare siempre traté de mantenerme en el top 10, es decir, entre las diez mejores unidades del Ejército; y esto generó muchos problemas al pueblo colombiano y en particular a las víctimas que son las que hoy están sufriendo este dolor”, afirma Soto.

Para las unidades militares estar en ese top se traducía en mejor remuneración económica, más días de descanso y ascensos. Dice el militar retirado que una de sus motivaciones para contar la verdad es que una política similar podría estar implementándose hoy en el Ejército Colombiano, como denunciaron The New York Times y la revista Semana.

“Generalmente, cuando se daba un muerto desaparecían los documentos ¿Por qué? Pues, con el personal más antiguo que estaba, con los soldados…. No, para que sea más difícil identificarlo. Permití que se realizara de esa manera, porque muchos lo realizaban así, los reportaban como NN, y yo también lo permití, por eso he aceptado mi responsabilidad”, agrega el ex oficial.

En su testimonio también pide perdón a las víctimas y se compromete con entregar las actas de levantamiento de cadáver y de las misiones tácticas donde supuestamente habrían ocurrido estas muertes.

“Mi compromiso hoy es pleno. Quiero que ya las víctimas terminen con ese dolor que les generé. Quiero pedirles un perdón a todas las víctimas por este daño que yo les causé”, finalizó.

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