Las bandas criminales en Medellín se tomaron el control comercial de los barrios más vulnerables de las comunas. No solo extorsionan locales y empresas de transporte masivo, sino que ahora hasta obligan a los tenderos a comprar ciertos productos que ellos proveen, y que son utilizados para lavar dineros del narcotráfico.
Cuando Roberto, un joven de 25 años, se negó a vender en su tienda las arepas que producía la fábrica de Asdrúbal, de propiedad de Jesús Marín Valencia, tres hombres lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. "Me dijeron que en la comuna 2 no se vendían otras arepas, y que si no entendía a las buenas, sería a las malas", dice la declaración de la víctima conocida por El Tiempo.
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Como esta hay por lo menos 11 denuncias más de particulares y empresas que alegan ser extorsionadas por una red de 'gota a gota' que lideraba María Valencia, llamada 'Los Trianas', y que opera sobre todo en los barrios más pobres de la comuna 2. El cabecilla y 13 de sus hombres ya fueron capturados por las autoridades.
Bandas como esa también cobran 'vacunas' (coimas, extorsiones) a pequeños y medianos comerciantes de entre 1,7 y 34 dólares para dejarlos trabajar. Y también a compañías de transporte público para permitir que las rutas de buses lleguen hasta esos sectores de la ciudad. Ahora, además, las autoridades han advertido que regulan la comercialización de productos.
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"En Bello este fenómeno está disparado, los combos de 'los Pacheli' y 'los Triana' están manejando la venta de los lácteos y de otros productos de la canasta familiar", aseguró a El Tiempo el director de Fiscalías de Medellín, Raúl González Flechas. Asimismo, advierten que las extorsiones aumentan la tasa de asesinatos, por las disputas del control de territorios.
Detrás de estos delitos están jóvenes de las mismas comunas que conocen bien a sus víctimas, y que se presentan como un grupo de 'seguridad', en los que cobran obligatoriamente por una supuesta protección. La situación ha causa desplazamiento interurbano, en el que la misma comunidad decide abandonar sus casas para irse a vivir en otro lugar, huyendo de la violencia.
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"Si se va a arrendar una pieza en 150.000 pesos mensuales (52 dólares), exigen al propietario un 10 por ciento del pago, situación que está incidiendo notablemente en el desplazamiento intraurbano. Conocen los movimientos y actividades de sus vecinos", dijo González a El Tiempo.
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