El alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez Rojas, declaró oficialmente la situación de confinamiento en las veredas Cumare, Siberia y Pipiral, así como en los resguardos indígenas Barranco Ceiba y Barranco Colorado, mediante el Decreto No. 065 del 3 de junio de 2026.
La medida responde a las restricciones a la movilidad y a las afectaciones generadas por el accionar de grupos armados ilegales en esta zona del municipio, especialmente, tras los enfrentamientos entre grupos de las disidencias de alias Calarcá y alias Iván Mordisco a finales de mayo, que dejaron un saldo de 48 muertos, entre ellos, 11 menores, de acuerdo con el reporte de Medicina Legal.
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Según el más reciente comunicado firmado por el líder municipal, la decisión se adoptó tras la validación del Comité Municipal de Justicia Transicional Extraordinario, que analizó los riesgos para las comunidades en materia de seguridad, abastecimiento de alimentos, acceso a servicios esenciales y garantía de derechos fundamentales.
Mientras tanto, la situación se ha recrudecido. En los primeros días de junio se ha recrudecido la crisis humanitaria que ha llevado a distintas organizaciones a desplegar planes de acción.
De hecho, el martes 2 de junio, desde la Defensoría del Pueblo se comunicó que “el departamento del Guaviare enfrenta una crisis humanitaria que refleja la persistencia de las dinámicas de violencia y vulneración de derechos: hay personas desaparecidas, menores de edad reclutados y asesinados, y hoy más de 10.000 personas están confinadas por confrontaciones”.
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De acuerdo con la entidad, las presiones de los frente subversivos han impedido la circulación de misiones médicas y “han generado desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales, afectando a toda la población, incluidos estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes”.
Los objetivos y peticiones de la Alcaldía de San José del Guaviare
Como respuesta a la compleja situación, desde la Alcaldía se informó que la declaratoria tiene como objetivo activar de inmediato las rutas institucionales de atención humanitaria y coordinar acciones entre entidades municipales, departamentales y nacionales.
Entre las principales medidas, el decreto contempla la solicitud al Gobierno nacional y a la Gobernación del Guaviare para instalar un Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMU), la activación de la Ruta de Atención Humanitaria y la gestión urgente ante los ministerios y entidades competentes para garantizar la presencia institucional y la atención integral de la emergencia.
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También se fortalecerán las acciones de seguridad en coordinación con la fuerza pública y se implementarán estrategias de acompañamiento psicosocial dirigidas a niños, niñas, adolescentes, líderes comunitarios y población vulnerable.
La articulación con la Gobernación del Guaviare permitirá gestionar ayudas humanitarias, proteger la infraestructura educativa y sanitaria, y fortalecer la respuesta institucional.
Por su parte, el alcalde Rojas reiteró su compromiso con la protección de la vida, la integridad y los derechos de las comunidades afectadas, e hizo un llamado al Gobierno nacional y a organismos de cooperación para sumar esfuerzos y atender oportunamente esta situación humanitaria.
Las autoridades locales continuarán con el seguimiento permanente a la evolución de la emergencia y mantendrán informada a la ciudadanía a través de los canales oficiales.
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Mientras tanto, organismos internacionales como la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia hicieron un llamado urgente a la Alcaldía de San José del Guaviare y a la Gobernación del Guaviare “a brindar una respuesta humanitaria oportuna y adecuada a las comunidades de los Pueblos Indígenas Jiw y Nukak afectadas por desplazamiento y confinamiento provocados por los enfrentamientos”. A su vez, el llamado también fue para el Gobierno nacional.
A los disidentes los exhortaron para que respeten el derecho internacional humanitario “y todos los derechos de quienes no participan de las hostilidades, en particular de los pueblos indígenas”.
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