El presidente José Antonio Kast encabezó este domingo una reunión con parte de su equipo ministerial para analizar el ingreso de Chile a la Coalición de las Américas contra las Organizaciones Criminales (A3C), iniciativa impulsada por Donald Trump que busca articular una respuesta regional para combatir a organizaciones criminales transnacionales.
El encuentro reunió a los titulares de Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública, en un ambiente de cautela respecto de la adhesión formal al mecanismo, al que Chile se ha acercado bajo la figura de “observador”.
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A pocos días de la cumbre de la A3C programada para el 26 y 27 de octubre en República Dominicana -instancia en la que se espera avanzar en la formalización de la coalición-, el punto más sensible está precisamente en el alcance de esa cooperación, puesto que esta iniciativa paralela al Escudo de las Américas no se limita al intercambio de información y abre la posibilidad de involucrar a las Fuerzas Armadas de los países participantes en operaciones contra redes delictivas, bajo esquemas de coordinación regional.
Cautela en Defensa y la presión del oficialismo
Cabe recordar que el ministro de Defensa, Fernando Barros, cuestionó la idea de que Washington incremente su presencia militar en el continente, aludiendo a la llamada “Doctrina Donroe” planteada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.
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“Desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país”, sostuvo Barros en agosto pasado.
Parte de la discusión se ha concentrado en distinguir la A3C del Escudo de las Américas, a la que Chile adhirió en septiembre, decisión que no supone automáticamente su incorporación formal a esta nueva coalición contra las organizaciones criminales.
Aunque ambas iniciativas se inscriben en la estrategia regional de Trump para enfrentar las amenazas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, la A3C contempla una dimensión operativa y militar que ha generado mayores interrogantes entre las autoridades chilenas.
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Por esa razón, el Gobierno ya comunicó hace un par de semanas al embajador de Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd, que Chile participará inicialmente bajo esta figura, determinación que busca mantener abierta la evaluación de las consecuencias jurídicas, políticas y operativas de una adhesión plena.
La discusión, sin embargo, ya trascendió el ámbito de las relaciones exteriores y comenzó a generar presión dentro de las propias fuerzas que respaldan a Kast.
El viernes pasado, representantes de partidos oficialistas solicitaron al mandatario reconsiderar la decisión de mantener al país fuera de la membresía plena de la coalición.
Desde la UDI, su presidente, Guillermo Ramírez, advirtió que sería un error que Chile se restara de una alianza orientada a combatir las organizaciones criminales, postura que fue refrendada por Arturo Squella, senador y líder del Partido Republicano, quien alertó sobre las consecuencias que podría tener la ausencia de Chile como integrante pleno del mecanismo.
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