
El presidente chileno José Antonio Kast reconoció que el Gobierno cometió un error en la gestión de las 56 rebajas de condena concedidas a reos sentenciados por delitos sexuales contra menores, pero descartó sacar a Fernando Rabat del Ministerio de Justicia y le encomendó una tarea: encabezar las medidas destinadas a corregir lo ocurrido.
Desde el Palacio de La Moneda junto a Rabat y rodeado de varios ministros, Kast calificó la situación como “grave”, “profundamente dolorosa” e “inaceptable”.
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“Quiero hablarle a todo Chile, y especialmente a las víctimas y sus familias. Durante estos últimos años, el Estado otorgó rebajas de condena a más de 300 condenados por abuso sexual y violación de niños”, comenzó su alocución.
“A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes, algunos adultos, y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló. Y como Presidente en ejercicio, me toca asumir la responsabilidad que corresponde. Como gobierno, que va más allá del poder Ejecutivo, nos hacemos cargo con todo el costo que ello tenga”.
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De acuerdo al mandatario, ahora “hay dos caminos. Uno, sacar a un ministro y a todo su equipo, y dar por cerrado este tema. Ese camino tranquiliza por unos días, pero no cambia el fondo de este grave problema: el vacío legal que permitió que esto siguiera así, esperando, podría seguir hasta un próximo gobierno”.
“Por eso hemos suspendido toda tramitación de rebaja de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores. Por eso también estamos revisando caso a caso cada uno de estos decretos”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “recogeremos las mociones parlamentarias que están hoy día en distintas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados y presentaremos un proyecto de ley que, sin ambigüedades, sin interpretaciones, sin espacio alguno para algún criminal que abusa o viola a un niño, y dejarle claro que nunca más tendrá acceso a la rebaja de una condena”.
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De paso, aseguró que “el ministro Rabat ha reconocido la gravedad del ocurrido y está trabajando para corregirlo. He decidido que continúe en sus funciones con una responsabilidad muy concreta: liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse”.
“Tampoco vamos a buscar culpables en el pasado. Este vacío existía desde hace años y nadie lo cerró (...) Prometimos ser un gobierno que ponía a las víctimas, en primer lugar, y a los delincuentes en su lugar. Hoy, frente a nuestro propio error, ese compromiso se pone a prueba y vamos a estar a la altura, para que nunca más en Chile un niño tenga que sufrir un abuso, una violación”, remató.
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Vendaval legislativo
En medio de ese debate, y mientras la oposición analiza la viabilidad de un juicio político en contra del ministro Rabat, Jaime Gajardo y Luis Cordero, exministros de Justicia del gobierno de Gabriel Boric, pusieron sobre la mesa una iniciativa que ya se encuentra en tramitación y que, a su juicio, permitiría abordar los problemas de interpretación que quedaron expuestos.
Se trata del proyecto que establece tribunales especializados para resolver controversias surgidas durante la ejecución de las penas. La propuesta busca ordenar los procedimientos judiciales asociados al cumplimiento de las condenas y evitar que los recursos de amparo se transformen en una vía recurrente para resolver discusiones sobre beneficios penitenciarios.
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La iniciativa, de origen transversal, fue aprobada por la Cámara de Diputados en abril de 2024, con 133 votos favorables, y actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
A la discusión se suma un proyecto que el senador Vlado Mirosevic, del Partido Liberal y nuevo presidente de la Comisión de Constitución del Senado, anunció que pondrá en tabla este martes, que busca prohibir expresamente que los futuros ministros de Justicia concedan rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
En conversación con el programa político Mesa Central este domingo, Mirosevic explicó que el texto fue trabajado con representantes de distintos sectores, entre ellos la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y que se fusionará con otra moción presentada previamente por legisladores de diversas bancadas.
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La propuesta no es la única que apunta en esa dirección. Senadores de distintas fuerzas políticas, entre ellos Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN), Iván Flores (DC), Karim Bianchi (independiente) y Pedro Araya (PPD), también anunciaron una iniciativa destinada a garantizar que la exclusión de estos condenados se aplique efectivamente.
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