La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denuncia que las autoridades rusas incurrieron en el delito de trata de personas al reclutar a ciudadanos extranjeros para combatir en el frente ucraniano.
El informe- que fue compartido por la Comisión de investigación a Infobae, de manera exclusiva - fue presentado este lunes en la 27.ª sesión plenaria de la Tercera Comisión de la Asamblea General del organismo internacional, donde se expuso la existencia de redes estructuradas que atrajeron con engaños a decenas de latinoamericanos, entre ellos El Salvador y Honduras, hacia las filas de las Fuerzas Armadas de Rusia.
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La investigación del panel de expertos contó con el apoyo de Infobae, que facilitó documentación y testimonios directos sobre casos ocurridos en El Salvador, Honduras y la República Dominicana.
De manera complementaria, este medio documentó de forma reciente el caso de un guatemalteco que combate en territorio ruso, así como la situación de panameños que continúan desaparecidos tras caer en estas redes.
Los investigadores de la ONU examinaron el escenario de nacionales de 48 estados y determinaron la existencia de pruebas contundentes sobre prácticas de captación forzada o fraudulenta en al menos 29 de ellos que son:
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- Azerbaiyán
- Bangladesh
- Belarús
- Bolivia
- Brasil
- Botsuana
- Camerún
- Colombia
- República Dominicana
- El Salvador
- Ghana
- Honduras
- India
- Jordania
- Kenia
- Marruecos
- Nigeria
- Perú
- Filipinas
- Sudáfrica
- Somalia
- Sri Lanka
- Tayikistán
- Túnez
- Turquía
- Uganda
- Uzbekistán
- Yemen
- Zimbabue.
Los testimonios recogidos confirman que la instrucción militar previa resultó casi nula antes del despliegue en las áreas de mayor peligro del frente oriental en Ucrania.
Los combatientes extranjeros fueron enviados a misiones de alto riesgo que derivaron en muertes, desapariciones forzadas y capturas, según constató la comisión en su reporte.
Wilson Noel Quintero Guzmán, ciudadano hondureño, relata cómo fue atraído a Rusia con la promesa de un trabajo como guardia de seguridad, solo para ser despojado de sus documentos y forzado a luchar en el frente ruso.
El documento subrayó que los afectados no deben considerarse mercenarios desde el punto de vista del derecho internacional humanitario: al quedar formalmente incorporados a la estructura de las Fuerzas Armadas rusas, adquieren la condición legal de combatientes y deben recibir las protecciones consagradas para los prisioneros de guerra en los Convenios de Ginebra.
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La ONU exige a Moscú la repatriación de las víctimas y el cese de los contratos
El documento detalló que los reclutadores en territorio centroamericano operaron a través de redes sociales y agencias informales, dirigidas a hombres de entre 18 y 60 años en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
Las propuestas laborales iniciales no mencionaban actividades militares: prometían salarios elevados en moneda extranjera para cumplir tareas civiles en territorio ruso como guardias de seguridad, conductores, mecánicos, soldadores y personal de mantenimiento en instalaciones logísticas o almacenes.
Una vez que los interesados aceptaban las condiciones, los intermediarios organizaban visados de entrada e itinerarios aéreos con múltiples escalas por diversas capitales internacionales.
Al llegar a suelo ruso, los reclutados sufrieron la confiscación inmediata de sus teléfonos móviles y pasaportes, lo que suprimió por completo su libertad de movimiento. Las autoridades los trasladaron con rapidez a bases militares donde los obligaron a firmar contratos redactados exclusivamente en ruso, un idioma que los afectados no comprendían en absoluto. Aquellos que expresaron reticencia o intentaron rescindir el acuerdo recibieron amenazas de prisión, golpizas o deportación inmediata.
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Por lo que, el informe atribuye responsabilidad directa a la estructura de mando militar del gobierno de Rusia por permitir y organizar estos mecanismos de cooptación ilegítima.
La comisión de la ONU instó al Kremlin a revocar de inmediato los contratos de servicio militar suscritos bajo engaño o coacción, liberar a los extranjeros y permitir su retorno seguro a sus naciones de origen.
A su vez, los expertos solicitaron a los gobiernos de los estados latinoamericanos que no procesen penalmente a estos ciudadanos al regresar a sus hogares, al considerarlos formalmente víctimas de trata de personas, e intensifiquen las pesquisas judiciales para desmantelar las redes clandestinas de reclutamiento que operan en sus jurisdicciones.
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