Guatemala ocupa el puesto 24 de 27 por las horas necesarias para mantener activa una empresa, según centro de análisis económico

Guatemala ocupa el puesto 24 de 27 países evaluados por la carga de trámites para mantener una empresa activa: una pequeña compañía debe destinar 2.614 horas al año a esas gestiones, según el Índice de Burocracia 2026 presentado el 23 de octubre por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

El estudio mide, en horas, el tiempo que una empresa pequeña requiere para abrir, operar y cerrar un negocio. La evaluación incluyó compañías de entre 11 y 80 trabajadores, con ventas mensuales de entre 191 y 3.700 salarios mínimos.

La presentación se realizó en la Asociación Guatemalteca de Exportadores, durante el encuentro “Índice de Burocracia y Estudio Aplicado de Licencias Sanitarias para Productos Afines”. La actividad forma parte del proyecto Impulso a las Libertades Económicas en América Latina, promovido por el Centro Internacional para la Empresa Privada junto con centros de investigación de Colombia, Argentina, Bolivia y El Salvador.

Guatemala se ubicó en el puesto 13 entre las 27 naciones con menor cantidad de horas destinadas a abrir una empresa. Para esa etapa, el índice contabilizó 1.377 horas.

La investigadora Andrea Monterroso, una de las responsables de actualizar la medición junto con Sigfrido Lee, señaló que algunos procedimientos concentran demoras elevadas. La licencia ambiental C1 demanda 184,8 horas y la licencia sanitaria para establecimientos requiere 165,6 horas, mientras que la habilitación de libros contables ante la Superintendencia de Administración Tributaria tarda 12 minutos.

La carga aumenta cuando la compañía ya está en funcionamiento. El registro sanitario de productos afines es el requisito más demandante dentro de esa fase, con 441,6 horas anuales.

El CIEN indicó además que una empresa guatemalteca debe dedicar 720 horas a su apertura y 1.920 horas anuales exclusivamente a los registros sanitarios de productos afines.

Licencias sanitarias sin un plazo legal exigible

El análisis específico sobre licencias e inscripciones sanitarias se concentró en los productos afines, una categoría definida en el artículo 164 del Código de Salud. Incluye cosméticos, productos de higiene personal y del hogar, estupefacientes, psicotrópicos, plaguicidas de uso doméstico, material de curación y equipo odontológico, entre otros rubros.

La investigación fue elaborada por Lee junto con María Isabel Bonilla, Monterroso y David Casasola. El equipo revisó la normativa vigente, entrevistó a usuarios del trámite y analizó datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información pública.

“Cada barrera administrativa que encarece o retrasa sin justificación un trámite como la inscripción sanitaria no es únicamente una ineficiencia de gestión pública: es una opción menos para quien intenta abrir un negocio”, afirmó Lee durante la presentación.

Lee alertó que el sistema carece de un plazo obligatorio para resolver las solicitudes. “Guatemala publica un plazo de 15 a 20 días hábiles para inscribir un producto afín, pero el reglamento no lo desarrolla y ninguna norma propia del trámite lo hace exigible. Sin un plazo del cual contar, el silencio administrativo positivo que regula el propio Código de Salud no puede operar”, explicó.

Los tiempos de resolución disminuyeron durante la actual administración, según los registros del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Un expediente tardaba entre cinco y ocho meses en 2025, mientras que entre enero y mayo de 2026 el período se redujo a entre dos y tres meses.

La mejora estuvo vinculada al Acuerdo Ministerial 263-2025, que estableció un trato diferenciado según la complejidad del producto, al refuerzo del equipo de evaluadores a finales de 2025 y al relanzamiento de la plataforma electrónica SIAMED-WEB.

El CIEN sostuvo que la reducción dependió de la incorporación de personal y de metas internas de producción, no de un plazo respaldado por una norma. “Mientras no exista un plazo exigible, la incertidumbre sobre cuándo podrá venderse un producto restringe la libertad económica y encarece la entrada al mercado”, advirtió la entidad.

Un plazo de 20 días y una única ronda de observaciones

El estudio identifico cinco brechas transversales en el sistema de licencias sanitarias y propuso ocho medidas para reducir la carga regulatoria. La principal plantea reformar el reglamento para establecer un plazo único y exigible de 20 días hábiles para resolver los expedientes.

La propuesta también contempla una sola ronda de observaciones, que reúna en un mismo proceso todos los reparos formulados a una solicitud. El objetivo es evitar requerimientos sucesivos durante la revisión.

Las recomendaciones incluyen revisar la proporcionalidad de los costos de legalización y regencia, elaborar un manual técnico unificado y habilitar un canal de consultas para reducir la concentración del conocimiento especializado. También proponen consolidar los expedientes por titular y adaptar la digitalización del procedimiento a los productos afines.