La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló restricciones al ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo en Cuba, según un informe aprobado durante su 82 Asamblea General, celebrada en Bogotá. El documento describe medidas que, según la entidad, afectan a periodistas independientes, creadores de contenido y activistas.
El reporte de la SIP sostiene que aumentó el uso de mecanismos policiales y judiciales contra personas que informan, documentan o difunden contenidos sobre la situación de la isla. La organización menciona detenciones, citaciones, interrogatorios y procesos judiciales.
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De acuerdo con el informe difundido por EFE, las limitaciones incluyen restricciones legales, administrativas y tecnológicas. El documento también cita prohibiciones de salida del país, dificultades para acceder a papel y problemas de conexión a internet.
La SIP incluyó la prisión preventiva de Henry Constantín
La organización consideró que el caso de mayor gravedad es el del periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Constantín permanece en prisión provisional en la cárcel de máxima seguridad Kilo 7, en la provincia de Camagüey, según el documento.
Las autoridades le atribuyen el delito de desobediencia por una citación a la que llegó después de que los agentes de la Seguridad del Estado se hubieran retirado, relata el informe.
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La SIP también se refirió a Kamil Zayas y Ernesto Ricardo Medina, integrantes del proyecto digital independiente El4tico, conocido como El Cuartico.
Ambos continúan en prisión bajo cargos de incitación al desorden público relacionados con videos de análisis y sátira política. El informe sitúa estos casos en un contexto de criminalización de espacios de opinión en las redes sociales.
El texto menciona además a los periodistas Jorge Bello y José Gabriel Barrenechea, encarcelados por su participación en protestas.
La organización incorporó el caso de Mayelín Rodríguez Prado, quien no es periodista y cumple una condena de 15 años tras entrevistar a menores durante una manifestación.
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El informe citó el caso de Anna Bensi y su madre
El documento incluyó a la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente.
Las dos fueron sancionadas el 1 de octubre con dos años de libertad limitada. La causa se vinculó con la grabación y difusión de un video de un suboficial del Ministerio del Interior durante una citación.
Según el informe, la acusación fue por actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, la identidad de otra persona y sus datos.
La SIP señaló que figuras como la desobediencia, los desórdenes públicos y los actos contra la intimidad aparecen en varios de los procesos examinados.
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La entidad indicó que las citaciones verbales suelen anteceder a detenciones y causas penales. También afirmó que algunas detenciones breves derivan posteriormente en prisión.
El decreto 160 limita la formalización de medios independientes
La SIP cuestionó el decreto 160, que, según el informe, impide que los medios independientes se formalicen como actividades económicas privadas.
La norma mantiene bajo control estatal actividades como el periodismo, la publicación de medios, las agencias de noticias, la radiodifusión y determinadas tareas editoriales e informativas.
El documento señala que la prensa independiente funciona sin amparo jurídico. A la vez, sostiene que el Estado conserva el control de los principales medios de comunicación y el monopolio de las telecomunicaciones.
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La organización también mencionó las prohibiciones de salida del país para periodistas clasificados como “regulados”. Para la SIP, esa condición constituye un mecanismo adicional de presión y control.
EFE informó que el reporte recoge obstáculos para producir y distribuir publicaciones impresas independientes, entre ellos la dificultad para conseguir papel. El texto también alude a cortes de internet y conexiones de baja calidad.
La SIP denunció demoras en la resolución de recursos de hábeas corpus, dificultades para modificar medidas cautelares y falta de acceso a expedientes. El informe incluye la ausencia de información sobre investigaciones o sanciones entre los impedimentos procesales señalados.
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La entidad tiene sede en Miami, fue fundada en 1943 y reúne a más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental. Su actividad se centra en la defensa y promoción de las libertades de prensa y expresión.
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