Las historias detrás del retorno de exiliados nicaragüenses

Para numerosos nicaragüenses en el exilio, la posibilidad de regresar a Nicaragua responde a motivos familiares, personales, laborales o administrativos. Los casos conocidos muestran que las condiciones de ingreso pueden variar y que, para algunas personas, el retorno ha estado acompañado por requisitos, controles posteriores o procesos judiciales.

En ese contexto, Cristóbal Giovanny López, conocido en TikTok como “Tropigamer”, y el abogado Harry Valle expresaron públicamente su interés en volver. Ambos plantearon su disposición a aceptar las condiciones que definan las autoridades, mientras sus pedidos reabrieron el debate sobre las experiencias de quienes salieron al exilio, fueron desterrados o encontraron impedimentos para regresar.

López salió de Nicaragua en septiembre de 2024 junto con otros 134 presos políticos que fueron trasladados a Guatemala. Más adelante llegó a Estados Unidos con apoyo de Naciones Unidas y, a inicios de octubre, anunció que quería regresar a Managua y registrar su llegada al aeropuerto. Tras ese anuncio circularon versiones sobre un posible “perdón” negociado por personas próximas al oficialismo, aunque no se confirmó de algún acuerdo, Según Diario La Prensa.

Valle, penalista de Matagalpa e identificado como militante sandinista, se exilió en 2026 después de conocer que existía una orden de captura en su contra. Desde TikTok solicitó que las autoridades revisaran también su caso si se estudiaba la situación de López, afirmó que no había cometido delitos y señaló que sus intervenciones correspondían a opiniones emitidas como abogado.

Los relatos de retornados describen requisitos y controles posteriores

El periodista exiliado Emiliano Chamorro relató el caso de una integrante de una congregación religiosa que viajó a Estados Unidos por dos semanas en 2022. Cuando preparaba su regreso, supo que no podría ingresar a Nicaragua por vía aérea, por lo que decidió trasladarse a Honduras y acudir a una frontera terrestre para solicitar autorización.

Según el relato, la mujer pidió a policías y militares que le permitieran entrar, ofreció disculpas por cualquier expresión que hubiera podido ofender a Daniel Ortega y Rosario Murillo, firmó documentos, respondió interrogatorios y entregó sus maletas y pertenencias. Luego de varias horas de espera, recibió permiso para cruzar hacia Nicaragua.

El ingreso estuvo acompañado por condiciones: debía acudir cada semana a firmar en una estación de Policía de su localidad, apartarse de su congregación religiosa y mantener una conducta reservada. Después de volver, cambió de teléfono, borró sus redes sociales, dejó de participar en actividades religiosas y redujo el contacto con sus amistades; Chamorro resumió que “se volvió anónima y distante”.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más reunió en Costa Rica testimonios de personas retornadas bajo exigencias similares. A mitad de 2026, la organización tenía relatos de cerca de 200 personas de 13 departamentos que debían presentarse en estaciones policiales, y algunas de ellas tenían que hacerlo a diario.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el colectivo, quienes lograban regresar también podían necesitar permiso para salir de su municipio. Algunas personas fueron fotografiadas durante sus visitas a las delegaciones y reportaron seguimientos al salir de sus viviendas o al volver a ellas.

Algunas personas afirmaron que pagaron para obtener autorización de ingreso

Desde 2024, nicaragüenses que viajaron al exterior por razones personales o laborales encontraron impedimentos cuando intentaron volver. En algunos casos, recibieron la notificación por correo electrónico de la aerolínea y, en otros, durante el proceso de prechequeo, sin una explicación pública sobre el motivo de la medida.

En abril de 2026, Diario La Prensa publicó testimonios de personas que aseguraron haber pagado montos de dinero para recibir permiso de ingreso. El diario también informó sobre cartas de perdón, documentos de compromiso para reportar actividades económicas y solicitudes de incorporación a actividades del Frente Sandinista.

La publicación reconstruyó seis casos en 2025, con relatos de empresarios, trabajadores de empresas privadas y comerciantes que habían salido por viajes de negocios. Los montos mencionados fueron de USD 2,500 a USD 10,000, según los testimonios citados.

Joshwell Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos, ASIDEHU, señaló que su organización documenta este tipo de mecanismo desde 2018. Según indicó, los casos continuaban en 2026 y los cobros para ciudadanos comunes oscilaban entre USD 2,000 y USD 10,000, mientras que las sumas podían ser mayores en situaciones vinculadas a empresarios.

ASIDEHU tuvo conocimiento de al menos dos personas que depositaron USD 2,000 cada una en una cuenta del Ministerio del Interior. Martínez sostuvo que el pago de esos montos o la firma de una carta no garantizaban condiciones estables para quienes retornaban, porque la autorización podía quedar sujeta a decisiones posteriores.

Algunos retornos fueron seguidos por detenciones

Kevin Josué Martínez Alemán salió hacia Costa Rica el 31 de diciembre de 2022, cuando tenía 17 años, luego de recibir amenazas de policías. El joven había sido monaguillo del sacerdote Manuel Salvador García, quien había sido encarcelado y acusado de forma falsa, según el material aportado.

En septiembre de 2023, familiares de Martínez Alemán recibieron de la Policía sandinista el mensaje de que podía volver. El joven regresó a Diriomo, en Granada, para visitar a su familia, pero el 21 de septiembre fue detenido en su casa.

Personas allegadas señalaron que, durante la detención, recibió presiones para acusar a otras personas y brindar información sobre refugiados nicaragüenses en Costa Rica. Días después recuperó la libertad, regresó a Costa Rica y no dio más detalles públicamente por temor a posibles consecuencias para sus familiares.

Juan Carlos Baquedano había estado 11 meses detenido tras las protestas de 2018 y, después de recuperar la libertad en 2019, se exilió en México. Cuando regresó en agosto de 2023 para resolver un trámite personal, fue arrestado otra vez en su vivienda y permaneció detenido durante más de un año.

En septiembre de 2024, Baquedano fue enviado a Guatemala y perdió la nacionalidad nicaragüense. Amnistía Internacional informó que quedó sin acceso a sus bienes ni a su pensión de jubilación y que presentaba secuelas de torturas.

El activista Yaser Morazán volvió a Nicaragua en abril de 2021, después de vivir en Costa Rica y Estados Unidos. Según article 66, antes de ingresar había cerrado sus redes sociales y se había alejado de la actividad política, pero fue detenido en febrero de 2025 y desde entonces no se difundieron nuevos datos públicos sobre su situación.

Las organizaciones registraron procesos por delitos comunes

Naciones Unidas documentó en 2019 el caso de Ulises Rivas, quien volvió a Nicaragua después de exiliarse en 2018. Tras su captura, la Fiscalía lo acusó de robo y lesiones, lo condenó y años después fue desterrado junto a otros presos políticos.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más considera que algunos retornados son procesados por delitos comunes en vez de enfrentar acusaciones vinculadas de manera explícita con su activismo o sus posturas políticas. La organización interpreta que este tipo de procesos da una apariencia de legalidad a medidas de persecución.

Jeffrey Isaac Jarquín, conocido como “el Nene”, fue deportado desde Estados Unidos el 1 de octubre de 2026. Había estado preso en La Modelo entre 2018 y 2019, salió luego del país y solicitó asilo; al aterrizar en Managua, fue trasladado nuevamente a esa cárcel, donde antes había denunciado torturas.

El dirigente indígena Brooklyn Rivera viajó a Nueva York en abril de 2023 para asistir al Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas. El 24 de abril no pudo abordar el vuelo de regreso y, a finales de mayo, anunció que había ingresado a Nicaragua por la Mosquitia, el territorio miskito que comparte frontera con Honduras.

La Policía lo detuvo en su vivienda de Bilwi el 29 de septiembre de 2023. Durante 14 meses, sus familiares no recibieron información sobre su situación, ni tuvieron acceso a visitas o abogados, hasta que el Gobierno informó el 20 de noviembre de 2024, durante un examen ante Naciones Unidas, que se encontraba bajo custodia y enfrentaba acusaciones de traición a la patria, menoscabo a la integridad nacional y conspiración.

El 27 de mayo de 2026 se difundieron imágenes de Rivera hospitalizado en Managua, conectado a un respirador y con signos de malnutrición. Murió tres días después, a los 73 años, tras más de 970 días de detención y desaparición forzada; el Ministerio de Salud atribuyó el fallecimiento a complicaciones de una bacteria asociada al covid-19.

Los motivos familiares influyen en algunas decisiones de retorno

La ambientalista Salvadora Morales, desterrada en 2025, contó que evaluó entrar a Nicaragua desde Costa Rica o Honduras sin usar pasos regulares. Según relató, imaginó una vida de bajo perfil, alejada de las redes sociales y de la actividad pública, pero activistas de derechos humanos le advirtieron de los riesgos que podría enfrentar si era identificada y decidió permanecer en el país donde vive exiliada.

El periodista Houston Castillo regresó a Nicaragua en agosto de 2022 para asistir al funeral de su madre. Exiliado en Costa Rica desde 2021, cruzó por un punto ciego de Peñas Blancas durante la madrugada, llegó a su comunidad, participó en el sepelio y volvió hacia Costa Rica ese mismo día.

“Tenía miedo de que me apresaran”, recordó Castillo sobre el viaje. Más tarde, le informaron que patrullas policiales llegaron a la comunidad para preguntar por él poco después de su salida.

Las organizaciones plantean la necesidad de mayores garantías

José Denis Cruz, coordinador general de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo, ACDD, sostuvo que toda persona nicaragüense tiene derecho a regresar al país. A su juicio, ese derecho no debería depender de retractaciones públicas, pedidos de perdón o acuerdos individuales con las autoridades.

Cruz afirmó que no observa condiciones para un retorno seguro y con garantías para quienes fueron perseguidos, desterrados u obligados a exiliarse. También indicó que algunos regresos parecen estar vinculados a compromisos de autocensura o a limitaciones para ejercer libertades, una situación que describió como una forma de control.

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED, informó el 13 de octubre que al menos tres periodistas que habían regresado a Nicaragua durante los meses previos salieron nuevamente del país. Según el informe, esas personas recibieron amenazas, persecución y advertencias que alcanzaron a sus familiares.

La organización también registró propuestas dirigidas a periodistas en el exilio. Esas ofertas incluían facilidades para volver y apoyo económico, a cambio de dejar de informar sobre Nicaragua y abstenerse de difundir críticas en redes sociales.

Cruz señaló que cada decisión de retorno está marcada por circunstancias particulares. Añadió que mayores garantías requerirían medidas de no represalia, libertad de expresión, restitución de derechos, instituciones independientes y respeto por las libertades fundamentales.