
Horas después de que el Gobierno de Bolivia acusara al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, de liderar una “organización criminal” dentro del Ministerio Público que protegía al “narcoterrorismo” en el país, un ministro de Paraguay recordó que la administración de Santiago Peña había denunciado la presencia de narcotraficantes en territorio boliviano.
Así lo aseguró el titular de la cartera del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero, quien afirmó a la prensa: “Nosotros en su oportunidad hicimos una denuncia pública que generó casi un conflicto diplomático. Dijimos que Marset estaba en Bolivia, que estaba en Santa Cruz. Eso fue corroborado con una operación conjunta de la policía de la DEA y otras fuerzas internacionales”.
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Consultado sobre la relación entre Marset y las autoridades bolivianas, dijo que el narco tenía colaboración de integrantes del Gobierno de Luis Arce y del actual: “Creo que Mariaca era amigo de Marset y le protegían. Nosotros le pedimos a Eduardo del Castillo (ministro de Luis Arce) que proceda. Se está haciendo justicia, ahora se confirma todo lo que dijimos en público. Cuando me enteré de la noticia no hice más que confirmar lo que habíamos dicho”.
En octubre del año pasado, Riera Escudero había dicho que era “casi un hecho” que el narcotraficante Sebastián Marset estaba oculto en Bolivia y que y “las autoridades lo están cercando”.
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Este jueves, el Gobierno de Bolivia acusó al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, detenido la víspera en la región de Santa Cruz, de liderar una organización criminal que presuntamente operaba dentro del Ministerio Público para proteger el narcotráfico en el país.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó en una rueda de prensa en La Paz que durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves “se ha desmontado una organización criminal enquistada en la Justicia y en la administración” del Ministerio Público, que según el funcionario estaba “encabezada por Roger Mariaca”. La estructura, agregó, estaba “destinada a incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”.
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Oviedo estuvo acompañado en la conferencia por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, y jefes policiales. El funcionario precisó que las operaciones desarrolladas en las últimas horas derivaron en la detención de catorce personas, cuatro de ellas con cargos jerárquicos en la Fiscalía General y en las fiscalías de Santa Cruz y La Paz.
Entre los aprehendidos figuran el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, un fiscal superior y un mayor de la Policía. También fueron detenidas cuatro personas interceptadas en el condominio donde vivía Mariaca, en el que se hallaron “ingentes cantidades de dinero”, y seis funcionarios de la Fiscalía señalados de intentar retirar documentación de la vivienda del fiscal general.
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Según medios locales, los fiscales aprehendidos en Santa Cruz fueron trasladados a La Paz y permanecen en oficinas de la fuerza antidrogas en la vecina ciudad de El Alto. El Gobierno boliviano acusa a Mariaca de los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.
Oviedo justificó la detención del fiscal general al señalar que “el delito que ha cometido esta narcoestructura en la Fiscalía ha sido continuo y permanente” y que se trataba de “una organización criminal que protegía, participaba y se enriquecía por el tráfico de sustancias controladas”.
El ministro citó como ejemplo el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en marzo pasado en Bolivia y enviado a Estados Unidos, donde permanece detenido. De acuerdo con Oviedo, Marset había sido detenido por primera vez en 2023, cuando Mariaca ejercía como fiscal departamental de Santa Cruz, pero en esa ocasión el uruguayo fue liberado rápidamente.
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“Ese es el tipo y el modelo del narcoterrorismo que se apoderó del Ministerio Público en Bolivia”, afirmó Oviedo durante la conferencia de prensa.
El ministro también negó que el exministro de Gobierno y ex candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo, haya sido detenido, aunque confirmó que “se lo está buscando”.
Las aprehensiones se produjeron después de que el lunes el Gobierno de Estados Unidos informara que decidió revocar los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de “corruptos” y de “socavar gobiernos elegidos democráticamente”. Bolivia resultó el país con más ciudadanos incluidos en la lista publicada por el Departamento de Estado estadounidense, entre ellos Mariaca y Zeballos.
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Mariaca rechazó las acusaciones en su contra y vinculó la decisión de Washington con las “implicaciones” que tuvieron, dentro y fuera de Bolivia, algunas investigaciones realizadas por el Ministerio Público. Entre ellas mencionó los casos penales contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado, entre otros delitos, de presunta tentativa de feminicidio contra su expareja.
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