Cobre Panamá volvería a producir: lo que falta definir es bajo qué modelo

El informe entregado al presidente José Raúl Mulino despeja una de las principales dudas sobre el futuro de Cobre Panamá: la propuesta de la Comisión Interministerial requiere volver a poner en marcha el complejo minero, aunque bajo una figura distinta a las utilizadas anteriormente.

Lo que todavía deberá negociarse es el modelo jurídico, económico y operativo que permitirá extraer y procesar mineral, así como el período durante el cual permanecerá activa la operación. El informe exige establecer una fecha definitiva de cierre, sin posibilidad de renovación o prórroga, aunque no determina cuándo ocurrirá. El propio José Raúl Mulino reconoció que completar el proceso podría tomar décadas.

Ese horizonte temporal se ha convertido en uno de los puntos sensibles para los sectores ambientalistas, que ya habían cuestionado aspectos de la auditoría ambiental utilizada como insumo para evaluar el futuro del proyecto.

La preocupación radica en que el concepto de “cierre ordenado” termine permitiendo una operación minera prolongada durante décadas, mientras se mantiene la extracción necesaria para financiar la clausura progresiva.

Para estos sectores, el debate no debería limitarse al nombre que reciba el nuevo instrumento, sino a cuánto tiempo continuará realmente la explotación del yacimiento y bajo qué límites.

El cuestionamiento cobra relevancia porque el esquema anterior también contemplaba una operación de largo plazo; ahora, en cambio, la comisión propone una fecha final obligatoria, reducción progresiva de la huella y ausencia de prórrogas, condiciones que deberán quedar plasmadas en cualquier eventual acuerdo.

La recomendación plantea iniciar negociaciones formales con Cobre Panamá y First Quantum Minerals para establecer las condiciones de esa puesta en marcha. La actividad deberá generar los recursos necesarios para financiar el cierre definitivo, sin utilizar dinero del Estado, y crear durante la operación una reserva destinada específicamente a cubrir las obligaciones futuras de clausura y mantenimiento.

El nuevo esquema no podrá repetir la fórmula que terminó dos veces cuestionada constitucionalmente. La comisión establece que no deberá utilizarse un contrato-ley ni un contrato de concesión minera, mientras la Nación conservará la titularidad de los yacimientos.

La estructura podría aprobarse mediante una resolución del Consejo de Gabinete acompañada de los contratos que resulten necesarios, aunque los detalles deberán definirse durante la negociación.

Ese punto será determinante porque Panamá mantiene vigente la moratoria establecida después de la crisis minera de 2023.

La Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley 406, que aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá, mientras que el informe sostiene que la sentencia anuló el vehículo jurídico utilizado, pero no prohibió expresamente la actividad minera dentro del territorio nacional.

La reactivación tampoco significaría recuperar el modelo de expansión que tenía la mina antes de su paralización. El informe establece que la huella territorial del complejo no podrá aumentar y deberá reducirse progresivamente.

Esto supone que la operación permanecería dentro del área actualmente intervenida, sin ampliar la antigua concesión de aproximadamente 13,000 hectáreas, mientras determinadas zonas comienzan a ser rehabilitadas.

Antes del cierre, First Quantum preparaba precisamente una expansión de Cobre Panamá. Durante 2023, la compañía avanzaba en trabajos para incorporar nuevos sectores de explotación, incluyendo labores de prestripping en el tajo Colina y obras asociadas a sistemas de trituración y transporte.

Además, había destinado inversiones al proyecto S3, que contemplaba nueva infraestructura de procesamiento y desarrollo del tajo South East Dome.

Ese escenario cambia sustancialmente con la propuesta presentada a Mulino. En lugar de seguir incorporando áreas, cada frente que deje de resultar indispensable para la operación deberá entrar progresivamente en cierre y rehabilitación, con fechas y metas verificables.

De esta manera, la extracción continuaría únicamente dentro de una huella que deberá ir reduciéndose, hasta alcanzar la clausura definitiva establecida previamente.

El concepto responde a una práctica utilizada internacionalmente conocida como cierre progresivo. En distintas jurisdicciones mineras, la rehabilitación comienza mientras determinadas áreas del proyecto todavía permanecen productivas, evitando acumular todas las obligaciones ambientales para el final.

Canadá, Australia y Chile han incorporado mecanismos de rehabilitación progresiva, garantías financieras y planificación anticipada del cierre dentro de sus marcos regulatorios mineros.

Sin embargo, la comisión advierte que no existe un único modelo internacional que Panamá pueda copiar. Hay esquemas con participación estatal, operación privada, sociedades mixtas y distintos mecanismos de supervisión.

Por ello, recomienda construir una fórmula adaptada al marco constitucional panameño, manteniendo la propiedad nacional del recurso y una fiscalización estatal efectiva sobre ingresos, costos y cumplimiento ambiental.

La duración tampoco sería indefinida. Cualquier acuerdo deberá establecer una fecha de cierre definitivo sin posibilidad de renovación o prórroga, precisamente una diferencia frente al régimen anterior.

Paralelamente, tendrá que crearse un fondo que acumule recursos durante los años de actividad para garantizar el desmantelamiento, manejo de relaves, estabilización de tajos, tratamiento de aguas y restauración ambiental.

El costo constituye una de las razones centrales de la recomendación. Las estimaciones incorporadas al informe sitúan entre $2,600 millones y $3,400 millones el cierre y mantenimiento posterior del complejo durante un período de entre 17 y 19 años.

La comisión propone que la actividad del propio sitio genere esos recursos, evitando trasladar la obligación al Presupuesto General del Estado.

La negociación tendrá además otro componente de enorme peso financiero. First Quantum, Cobre Panamá y socios del proyecto mantienen reclamaciones arbitrales cuyas pretensiones mínimas suman más de $27,000 millones, aunque esas cantidades no representan una deuda reconocida por Panamá ni han sido adjudicadas por ningún tribunal.

El informe establece que el finiquito de todos los arbitrajes pendientes deberá ser condición obligatoria antes de formalizar cualquier nuevo acuerdo.

Mulino tendrá ahora que decidir si autoriza formalmente las negociaciones. La comisión no fijó cuándo volverá a extraerse cobre ni cuánto tiempo permanecerá funcionando el complejo, pero sí trazó una ruta que contempla actividad minera, procesamiento y generación de ingresos durante el cierre.

La discusión dejó así de centrarse únicamente en si Cobre Panamá volverá a operar y pasa a determinar bajo qué modelo lo hará, durante cuánto tiempo y con qué límites.

¿Qué dice la minera?

Tras conocerse las recomendaciones, First Quantum Minerals aseguró que tomó nota del informe presentado al presidente José Raúl Mulino y manifestó su disposición a participar en el proceso que determine el Gobierno.

La compañía señaló que cualquier nuevo acuerdo deberá respetar la soberanía de Panamá, sus instituciones democráticas y el marco constitucional, además de garantizar transparencia durante las conversaciones.

La minera indicó que está preparada para participar “de manera constructiva y de buena fe” en la definición de un marco jurídico para Cobre Panamá que considere justo, transparente, duradero y compatible con la Constitución y las leyes panameñas.

First Quantum agregó que esperará las orientaciones del Ejecutivo sobre los próximos pasos para iniciar el diálogo, después del anuncio de las recomendaciones de la comisión.

La empresa también planteó que la gestión y custodia ambiental del complejo seguirá siendo una prioridad y afirmó que una solución sostenible debería proporcionar estabilidad de largo plazo.

Entre los elementos mencionó empleo, desarrollo de la fuerza laboral, compras a proveedores locales, inversión comunitaria y aportes a la economía, mientras reconoció que cualquier acuerdo deberá incluir la terminación definitiva de los arbitrajes internacionales pendientes.