Exiliados nicaragüenses pidieron a los ejércitos de Centroamérica revisar su cooperación militar con Managua

Un grupo de nicaragüenses exiliados en Estados Unidos pidió este miércoles al Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) una revisión institucional de la cooperación militar con el Ejército de Nicaragua. Entre los firmantes figuran los desnacionalizados Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga.

Los firmantes aclaran que no persiguen el aislamiento permanente de la institución, sino que los ejércitos de la región mantengan un carácter profesional y sujeto al poder civil constitucional. Sostienen que el caso nicaragüense lo justifica por tres razones: la posición pública de su comandante en jefe ante las reformas, las denuncias internacionales de graves violaciones de derechos humanos y la ampliación de vínculos militares con China y Rusia.

El detonante es el discurso del general Julio César Avilés, al frente del Ejército desde 2010. El 2 de septiembre, en el acto por el 47 aniversario de la institución, respaldó la reforma constitucional del régimen en nombre del Consejo Militar, el cuerpo de generales y la Comandancia General. Pidió a los soldados mantenerse “leales, firmes, cohesionados y sin dobleces” y llamó “traidores, vividores y vendepatrias” a los opositores.

La reforma nació de un anuncio de Daniel Ortega. El 19 de julio, en un acto oficial, el dictador afirmó que en el país no habría más elecciones. Once semanas después, el 1 de septiembre, la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, aprobó la enmienda en primera legislatura, por unanimidad y a mano alzada, en una sesión celebrada en León. La dictadura ya había ampliado antes el período presidencial de cinco a seis años y había convertido a Rosario Murillo en copresidenta.

El nuevo artículo 47 prohíbe ser candidato o ejercer cargos públicos a quienes se califique de “traidores a la patria”. El régimen aplica ese término a al menos 452 opositores y críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Como la calificación depende de las propias autoridades, la norma permite excluir de forma indefinida a cualquier bloque opositor.

El texto eleva a siete años el mandato de los copresidentes, los diputados, los alcaldes, los magistrados judiciales y electorales, el fiscal general, el superintendente de bancos y los jefes del Ejército y de la Policía. El cambio alcanza a más de 6700 cargos de elección popular y a 28 puestos designados por la Asamblea. Avilés está entre los beneficiados, lo que da a la cúpula militar un interés personal en la reforma. La enmienda aplaza además los comicios previstos para noviembre de 2026.

Para entrar en vigor, la reforma necesita una segunda votación en la Asamblea, que Ortega fijó para el 18 de enero de 2027. Hasta entonces, el régimen cuenta con el respaldo del Ejército para presentar la medida como un asunto de soberanía nacional frente a lo que denomina “injerencia” extranjera.

La CFAC se creó el 12 de noviembre de 1997 por acuerdo de los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. República Dominicana se incorporó en 2007. Es un foro de coordinación castrense, sin capacidad sancionatoria, y la carta apela por eso a sus principios fundacionales. La cooperación con Managua es rutinaria: un decreto de mayo autorizó, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, el ingreso de tropas de los ejércitos de la CFAC, de Rusia y de China para intercambios y asistencia humanitaria.

La presión exterior sobre la dictadura crece. Varios países centroamericanos, Bolivia, Brasil y Chile condenaron las declaraciones de Ortega. Panamá retiró a su embajador en Managua y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió a los socios de Washington que cesen las relaciones comerciales habituales con el régimen. Managua, entretanto, estrechó su alianza militar con Moscú y Beijing y abandonó en 2025 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, después de que el Grupo de Expertos de ese organismo documentara ejecuciones extrajudiciales durante las protestas de 2018.

La petición coloca a Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana ante una decisión incómoda. Un alto mando que se declara parte de un proyecto político choca con los principios que la CFAC invoca, y mantener la rutina tendría un coste diplomático creciente. La votación de enero será la primera ocasión para medirlo.