El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió este miércoles a los socios internacionales que corten de inmediato sus relaciones ordinarias con el régimen de Nicaragua, al que calificó de dictadura, tras la aprobación de una reforma constitucional que consolida el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y excluye a la oposición de cualquier competencia electoral.
En un comunicado emitido por el Departamento de Estado, Rubio afirmó que la Asamblea Nacional sandinista “erosionó la ficción de la democracia nicaragüense” al reescribir la Constitución para, según sus palabras, “afianzar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas”.
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El secretario sostuvo que “las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la paz y la seguridad hemisférica”.
El funcionario instó a los aliados de Washington a abandonar el trato diplomático y comercial de rutina con Managua, y anunció que la administración Trump continuará identificando e implementando medidas para responder a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen, incluso en foros multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La reforma prohíbe a la oposición competir en elecciones y extiende el mandato a siete años
El comunicado llegó un día después de que la Asamblea Nacional aprobara, en una sesión especial celebrada frente a la catedral de León, en el noroeste del país, una reforma constitucional que amplía de seis a siete años los períodos de todos los cargos de elección popular, incluidos los del comandante en jefe del Ejército y los jefes de las fuerzas policiales.
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La enmienda también eleva a rango constitucional la exclusión de quienes el régimen considere vinculados a “intentos de golpe de Estado, financiamiento externo, sanciones internacionales o actos contra la soberanía”, así como de quienes sean catalogados como “traidores a la patria”.
Como consecuencia directa de la extensión de mandatos, las elecciones presidenciales previstas para noviembre de 2026 quedan eliminadas, y los próximos comicios se postergan hasta 2028.
Por tratarse de una enmienda constitucional, la reforma requiere ratificación en una segunda sesión legislativa, programada para el 18 de enero de 2027.
Es la segunda reforma constitucional que impulsa Nicaragua en menos de 18 meses
El cambio aprobado en León profundiza una trayectoria ya iniciada en febrero de 2025, cuando la Asamblea extendió el período presidencial de cinco a seis años, creó el cargo de copresidenta para Murillo —hasta entonces vicepresidenta— y reorganizó la estructura del Estado. Aquella reforma también postergó las elecciones generales hasta 2027.
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La nueva enmienda otorga además al Consejo Supremo Electoral (CSE) mayores facultades para cancelar la personería jurídica de partidos y sancionar a candidatos o dirigentes por presuntas violaciones a la soberanía nacional.
Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2006 y declaró públicamente en julio pasado que el país no celebraría más elecciones para impedir que la oposición recuperara el poder.
La reforma fue rechazada también por la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas (ONU), mientras que opositores en el exilio advirtieron que los cambios apuntan a institucionalizar la sucesión del poder dentro de la familia Ortega-Murillo.
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