La militarización de Santa Marta desata choque político: apoyos al despliegue y críticas por la estrategia de seguridad

La militarización de Santa Marta abrió una nueva disputa política en torno a la estrategia para enfrentar la crisis de seguridad que golpea a la ciudad. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el despliegue militar después de una jornada con amenazas, cierre de comercios y quema de vehículos, hechos relacionados con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), que anunció un paro armado en Magdalena.

La decisión se produjo tras una operación militar en la que murieron siete integrantes de esa organización, entre ellos José Luis Pérez Villanueva, conocido como Cholo. En un video difundido en sus redes sociales el martes 22 de septiembre, el mandatario anunció: “He ordenado, como presidente de la República, que Santa Marta sea militarizada”.

De la Espriella justificó la medida como una respuesta frente a los grupos criminales y afirmó: “Ningún grupo criminal va a imponerle sus condiciones a la gente honrada y trabajadora. Los ciudadanos no se arrodillan ante el terror. El Estado tampoco”. Luego añadió: “El que no se someta será dado de baja”.

El anuncio generó posiciones enfrentadas entre dirigentes de diferentes sectores. La exsenadora María Fernanda Cabal respaldó la decisión y destacó la presencia de soldados y aeronaves militares. En X afirmó: “Eso es Estado. Eso es control. Funciona más que mil discursos de “paz”” También expresó su respaldo el senador Marcos Daniel, del Partido Conservador Colombiano y exalcalde de Montería en dos ocasiones. “Apoyamos la decisión del Gobierno de militarizar Santa Marta ante la amenaza de paro armado”, afirmó.

En contraste, Jennifer Pedraza, senadora de Dignidad y Compromiso, puso en duda que un mayor número de tropas sea suficiente para resolver la situación.

“Militarizar Santa Marta no garantiza la seguridad. Enviar más tropas sin una estrategia integral puede intensificar los combates y dejar a la población civil más expuesta. Se necesita inteligencia, protección de las comunidades y acciones contra el narcotráfico, las economías ilegales y las disputas territoriales. Sin medidas que enfrenten las causas de fondo, la fuerza militar no basta. Negar la realidad desde una camioneta blindada es sencillo pero equivocado”, sostuvo.

Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, planteó una posición intermedia: respaldó el despliegue de la fuerza pública, pero pidió que estuviera acompañado de inteligencia y dirigido contra los grupos armados.

“Estamos de acuerdo con desplegar la Fuerza Pública. Pero ese despliegue debe estar planeado, apoyado en inteligencia y dirigido contra los grupos armados”, precisó. Peralta aseguró que en Santa Marta permanecían cerrados colegios públicos, el mercado público y servicios de transporte, y reportó cierres del 99% de las tiendas, del 80% de los comercios y del 90% de los negocios gastronómicos.

Gabriel Becerra, representante a la Cámara, también cuestionó la respuesta del Gobierno. En X, afirmó que la ciudad no podía convertirse en una puesta en escena y criticó que el presidente recorriera las calles armado y rodeado de escoltas. “La seguridad se demuestra protegiendo a la gente, no posando de héroe”, escribió.

El excandidato presidencial David Luna, por su parte, respaldó el papel de las Fuerzas Militares y relacionó la crisis con el fortalecimiento de estructuras criminales en el Magdalena. Recordó que la jornada dejó casi $40.000 millones en pérdidas y sostuvo: “Las Fuerzas Militares hacen bien en retomar el control”.

Ariel Ávila, senador de Alianza Verde, también cuestionó el despliegue. Tras compartir un video de la Avenida del Libertador, escribió: “Vídeo de las 3.31 de la tarde de hoy. Avenida del Libertador Santa Marta. La ciudad cerrada al 80%. Sacar los Kafir (cosa que no sirve para nada en este tipo de escenarios), hablar duro, cargar un radio y vestir de verde oliva no combate el crimen”.

Las reacciones muestran que la discusión política no se concentra únicamente en la presencia militar. Mientras unos sectores la presentan como una respuesta necesaria ante la amenaza criminal, otros reclaman inteligencia, protección a la población y medidas dirigidas contra las economías ilegales.

La situación mantiene abierta la discusión sobre cómo recuperar la seguridad y permitir que Santa Marta retome sus actividades que, en términos económicos, la ciudad deja de mover cerca de $39.590 millones cada día debido a las afectaciones sobre la movilidad y las condiciones de seguridad, según balance preliminar de la Cámara de Comercio de Santa Marta.