El fiscal general de Costa Rica Carlo Díaz solicitará cuatro años más al frente del Ministerio Público

Carlo Díaz solicitará su reelección como fiscal general de Costa Rica por cuatro años más, una decisión que quedará en manos de los 22 magistrados de la Corte Plena mientras se profundizan las tensiones entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

El anuncio fue realizado el lunes en el espacio de opinión y análisis Sentido Crítico, conducido por el comunicador, regidor y dirigente sindical Sergio Ortiz Pérez. Díaz explicó que conversó la determinación con su familia antes de definir su postulación.

“Lo conversé con mi familia, como ya se lo había también dicho a varios medios y para mí es muy importante siempre la familia; pero ahí ellos todos son muy valientes, no tenemos miedo y ellos me han impulsado, o por lo menos me han dicho, que si yo quiero continuar que continúe, que me van a apoyar y por eso mi decisión va a ser solicitar a los señores magistrados de la Corte Plena la reelección. Por supuesto va a estar en manos de ellos la decisión final; pero sí la voy a solicitar”, afirmó el fiscal general.

La Corte Plena calificó como excelente su desempeño durante 2025, con una nota de 98.95%. La evaluación incluyó un 80% por cumplimiento de metas, un 9% por resultados en competencia, un 4.85% otorgado por equipos subalternos y un 5% correspondiente a la autoevaluación.

El plazo de setiembre y los votos necesarios

Díaz ejerce como fiscal general desde el 31 de octubre de 2022 y su actual nombramiento vence el próximo 31 de octubre. Para seguir en el puesto, deberá comunicar formalmente su intención a la Corte Plena antes del 30 de setiembre, un mes antes del vencimiento de su período.

Su continuidad requerirá el respaldo de al menos 12 votos de los 22 magistrados que integran el máximo órgano del Poder Judicial, la mayoría absoluta exigida para la elección.

Desde la administración de Rodrigo Chaves Robles, su gestión ha enfrentado cuestionamientos y ataques desde sectores del Poder Ejecutivo y del oficialismo legislativo.

La relación se mantuvo bajo la presidencia de Laura Fernández, en particular por las restricciones presupuestarias que el Ejecutivo impuso al Poder Judicial. La mandataria y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, han cuestionado públicamente la labor del fiscal general y le solicitaron que no continúe en el cargo.

Las causas contra Rodrigo Chaves y los ataques al Ministerio Público

Los cuestionamientos contra Díaz se intensificaron después de los allanamientos del caso Barrenador, una investigación por presuntos sobreprecios en adjudicaciones de centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. Tras la aparición de una valla publicitaria que lo atacaba junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, el fiscal vinculó esas acciones con presiones contra las instituciones judiciales.

“Es claro que este tipo de acciones buscan desprestigiar no solo la figura del fiscal general de la República, sino el trabajo del Ministerio Público y la imagen del Poder Judicial, puesto que, curiosamente, han ocurrido, de forma casi inmediata, luego de diligencias de investigación dentro de los casos que se tramitan por presuntos actos de corrupción”, sostuvo.

Durante una entrevista con CNN en Español el 31 de julio, Díaz fue consultado por el periodista Fernando del Rincón sobre una posible relación entre las causas abiertas contra Chaves y las críticas dirigidas al Poder Judicial. El fiscal respondió que presentó dos acusaciones contra el expresidente y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda.

La primera acusación se refiere al supuesto delito de concusión en el caso BCIE-Cariñitos. El expediente llegó a la Asamblea Legislativa, pero el levantamiento del fuero presidencial fue rechazado al no obtener la mayoría calificada.

La segunda causa aborda un supuesto financiamiento ilegal de campaña. Díaz solicitó ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia el levantamiento de la inmunidad de Chaves, pero el trámite no avanzó por la falta de nombramientos de magistrados suplentes, lo que impidió concluir la discusión en la Corte y remitir el asunto a la Asamblea Legislativa.