La Cámara de Diputadas y Diputados despachó este jueves por unanimidad -125 votos- el proyecto de Ley de Flagrancia que extiende de 12 a 24 horas el plazo en que las policías e incluso a civiles en ciertas circunstancias, pueden detener a un sospechoso sin orden judicial previa.
Se trata de la primera iniciativa de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno de José Antonio Kast en ser aprobada, y se aplica cuando la persona es sorprendida cometiendo el delito, acaba de cometerlo, huye del lugar o es señalada inmediatamente por la víctima u otra persona.
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Además, faculta a los uniformados a realizar registros de vestimentas, vehículos o equipaje, e ingresar a lugares cerrados bajo las circunstancias que la ley define; perfecciona la facultad del Fiscal Nacional para impartir instrucciones sobre determinadas diligencias, y reconoce a la Policía Marítima como auxiliar del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones.
Así, queda establecido que existirá flagrancia siempre y cuando no hayan transcurrido más de 24 horas desde la detención realizada por agentes policiales, plazo que se extiende a 48 horas en el caso de la Policía Marítima.
En tanto, si la detención es ciudadana, es decir, efectuada por cualquier otra persona, se mantiene el límite de 12 horas.
Según reza la nueva normativa, la medida se podrá aplicar en los siguientes casos:
-Cuando alguien fuese encontrado con objetos o señales, en sí mismo o en sus vestimenta, que permitiesen sospechar su participación en un delito.
-Cuando víctimas de un delito reclamen auxilio, o testigos presenciales señalen como autor o cómplice de un delito a alguien.
-Cuando la persona señalada aparece en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito, al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato.
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Otros proyectos en discusión
Así las cosas, varios otros proyectos incluidos en la ACOT del Gobierno siguen su trámite legislativo en el Congreso, como el que establece nuevas remuneraciones para Carabineros y otro que sanciona la explotación y promoción de servicios sexuales pagados.
En tanto, las comisiones de Constitución y Seguridad despacharon a la Cámara de Diputados la reforma constitucional que amplía el plazo de detención a migrantes y la llamada Ley Antibarricadas 2.0.
Por otra parte, en el Senado continúa la discusión del proyecto de responsabilidad penal adolescente y el de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), aunque esta última en calidad de secreta.
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