El crimen organizado financia sus operaciones con el contrabando que entra desde Nicaragua y representa ya el 10.2% del gasto mensual de cada hogar costarricense, según un informe de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) difundido esta semana y reseñado por Confidencial Digital.
El dato central del estudio, preparado por el Observatorio de Comercio Ilícito (OBCI), es la concentración geográfica del problema: ocho de cada 10 tipos de productos ilícitos que ingresan al país tienen origen nicaragüense.
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El informe además vincula ese flujo con el financiamiento de redes criminales y con una pérdida fiscal que equivale al 38% del déficit financiero del Gobierno Central.
Los cigarrillos lideran el ingreso ilegal de mercaderías
El 56% de los cigarrillos que se consumen en Costa Rica proviene del comercio ilícito, lo que los coloca en el primer lugar de una lista de 10 categorías de productos que entran sin pagar impuestos ni cumplir con las regulaciones del Estado.
Las bebidas alcohólicas destiladas y los vinos ocupan el segundo lugar, con un 37% de origen ilícito. Ambas categorías comparten un denominador común: las altas cargas impositivas que les aplica el fisco costarricense las convierten en blancos atractivos para el contrabando.
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El Índice Global de Crimen Organizado 2026 precisó que la mayoría de los cigarrillos de contrabando ingresa desde China a través de Panamá y se distribuye por los pasos fronterizos entre Nicaragua y Costa Rica.
El resto de la lista incluye jabones, detergentes, perfumes y preparados de tocador (25%); calzado (15%); productos farmacéuticos y medicinales (14%); cebollas (13%); lácteos (11%); y frijoles (8%). Electrodomésticos y prendas de vestir completan el cuadro, con un 8% cada uno.
El comercio ilícito equivale al 3.2% del PIB costarricense
El comercio ilícito de mercaderías en Costa Rica alcanzó 1.6 billones de colones, equivalentes a USD 3,600 millones al tipo de cambio actual, lo que representa el 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB), según el informe de la CCCR. Al incorporar servicios, la proporción sube al 3.5%.
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Para dimensionar esa magnitud, la Cámara señaló que el monto equivale aproximadamente a 16 veces el valor del nuevo Hospital de Puntarenas.
La pérdida en recaudación tributaria se estima en 664,000 millones de colones anuales, cerca de USD 1,500 millones, cifra que representa el 38% del déficit financiero del Gobierno Central.
“El comercio ilícito es un flagelo para el comercio lícito y para la sociedad, porque son productos que entran sin normativas de producción. También para el Estado, por la caída en la recaudación de impuestos”, sostuvo Arturo Rosabal, presidente de la CCCR, según consignó Confidencial Digital.
El crimen organizado aprovecha la brecha para lavar dinero
El informe no se limita a cuantificar pérdidas tributarias. Su preocupación central es quiénes operan detrás del negocio: el crimen organizado usa el contrabando para introducir dinero ilícito al circuito legal de la economía.
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Entre 2021 y 2025, Costa Rica pasó de 4.99 a 5.90 puntos en el índice internacional de criminalidad, en una escala de cero a 10, y se ubica entre los tres países con peor desempeño en Centroamérica, solo por detrás de Honduras (7.10) y Panamá (6.93).
Ricardo Carvajal, director del OBCI y asesor económico de la Cámara, fue categórico ante la publicación: “Hay crimen organizado involucrado en esto, y no tenemos ni la legislación ni las herramientas, ni la tecnología adecuada para combatirlo”.
El dato judicial confirma la escala del problema: en marzo de 2026 había 293 expedientes activos de contrabando distribuidos entre fiscalías y juzgados penales, según información de La Nación citada por Infobae. La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos abrió 20 nuevos expedientes en lo que va del año y mantiene 73 investigaciones vigentes.
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La administración Fernández Delgado acelera los decomisos
El contexto legislativo y operativo se mueve en paralelo al informe. En los primeros meses de la administración Fernández Delgado, los decomisos realizados entre mayo y julio de 2026 superaron los 30 millones de unidades, un incremento del 58% frente al mismo período del año anterior, cuando el total incautado fue de 13 millones, según informó Diario Extra.
El 24 de agosto, el Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa tres proyectos de ley como parte de la Estrategia Nacional contra el Contrabando y la Evasión Fiscal.
El más relevante para el sector empresarial es la reforma parcial a la Ley General de Aduanas, que actualiza el régimen de infracciones, eleva las multas, incorpora criterios de reincidencia y aumenta el umbral a USD 20,000 para que un caso pase a la vía penal, de acuerdo con la firma EY, que analizó las iniciativas.
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En paralelo, la Asamblea Legislativa estudia una propuesta para reducir los impuestos al tabaco y eliminar así el incentivo económico que alimenta el contrabando de cigarrillos.
La percepción de impunidad sostiene el negocio ilegal
Carvajal identificó un factor que explica la persistencia del fenómeno: la percepción generalizada de que los contrabandistas no enfrentan consecuencias reales.
“Actualmente hay una percepción de que a nadie, a ningún contrabandista meten a la cárcel, a casi ninguno lo sancionan con multas”, reconoció ante Confidencial Digital. Aunque la ley prevé penas de hasta 15 años para el contrabando agravado, la mayoría de los casos se resuelven con conmutación de penas, servicio comunitario o monitoreo electrónico.
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La CCCR también señaló que la alta carga regulatoria empuja a los consumidores hacia el mercado informal. En el caso de los medicamentos, los precios elevados generan demanda de productos traídos ilegalmente desde otros países.
En los lácteos, el costo de cumplir con las normativas sanitarias costarricenses incentiva el ingreso de queso nicaragüense sin controles arancelarios ni de inocuidad.
La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) ubicó a Costa Rica como el país con mejor desempeño de Centroamérica en su índice de comercio ilícito, con 51.2 puntos sobre 100 y el puesto 68 entre 158 economías, pero advirtió que el país sigue siendo una jurisdicción de riesgo moderadamente alto por brechas regulatorias y controles fronterizos débiles, según publicó Delfino en julio de 2026.
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