Estados Unidos vetó el ingreso de siete exfuncionarios de Ecuador por corrupción vinculada al narcotráfico

Estados Unidos anunció la prohibición de entrada a su territorio para siete exfuncionarios ecuatorianos a los que acusa de haber participado en hechos de corrupción vinculados con organizaciones criminales que Washington considera terroristas. La medida fue comunicada este miércoles 9 de septiembre por el Departamento de Estado, coincidiendo con la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Ecuador.

Los designados son Pablo Ramírez Erazo, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI); Wilman Terán Carrillo, expresidente del Consejo de la Judicatura y exjuez de la Corte Nacional de Justicia; Ronaldo Xavier Guerrero Cruz, exjuez penal; Pablo Bolívar Muentes Alarcón, exasambleísta; María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas; Johann Marfetán Medina, exjuez de esa misma Corte; y Mayra Carolina Salazar Merchán, exfuncionaria de comunicación de la Corte Provincial del Guayas.

De acuerdo con el Departamento de Estado, los siete utilizaron sus antiguos cargos públicos para recibir sobornos o intervenir en procedimientos institucionales con el objetivo de beneficiar a estructuras criminales vinculadas con el narcotráfico. Washington señaló específicamente conexiones con Los Choneros, Los Lobos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

La decisión fue adoptada bajo la sección 7031(c) de la legislación presupuestaria estadounidense para 2026. Esta disposición permite al secretario de Estado designar públicamente o de manera privada a funcionarios extranjeros y a sus familiares inmediatos cuando existen informaciones consideradas creíbles sobre su participación en corrupción significativa o graves violaciones de derechos humanos.

Como consecuencia, los siete exfuncionarios y sus familiares directos quedan, en términos generales, impedidos de ingresar a Estados Unidos. La medida no constituye una nueva condena penal estadounidense ni implica que Washington los haya designado individualmente como terroristas.

La acción se produce después de que Estados Unidos incluyera a Los Choneros y Los Lobos en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras en septiembre de 2025. Ambas agrupaciones ecuatorianas habían sido señaladas por Washington por sus vínculos con organizaciones del narcotráfico mexicano.

Varios de los nombres incluidos en la nueva medida estadounidense ya habían sido procesados y condenados en Ecuador dentro de investigaciones que expusieron la penetración del crimen organizado en instituciones estatales, particularmente en el sistema judicial y penitenciario.

Wilman Terán y Pablo Ramírez fueron condenados en el caso Metástasis, una investigación originada a partir de la información encontrada en los dispositivos electrónicos del narcotraficante Leandro Norero. Ambos recibieron penas de nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada.

Mayra Salazar también fue sentenciada en Metástasis. Tras acogerse a un procedimiento abreviado y colaborar con la Fiscalía, recibió una pena de 15 meses por delincuencia organizada.

En el caso Purga, otra investigación derivada de las pesquisas sobre las redes de corrupción alrededor del crimen organizado, fueron condenados Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y Johann Marfetán. Los tres recibieron penas de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada.

Las investigaciones Metástasis y Purga revelaron presuntas estructuras que buscaban obtener decisiones judiciales, beneficios penitenciarios y otras ventajas institucionales para integrantes de organizaciones criminales. La Fiscalía ecuatoriana sostuvo durante esos procesos que los grupos investigados habían conseguido establecer mecanismos de influencia dentro de distintas instituciones.

La inclusión de estos exfuncionarios en la medida estadounidense amplía así la respuesta de Washington frente a las redes que, según sus autoridades, conectan al narcotráfico con funcionarios públicos en Ecuador.

El Departamento de Estado justificó la decisión al señalar que la corrupción de los funcionarios habría tenido consecuencias para la seguridad estadounidense al facilitar actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia ese país.

El anuncio se produjo el mismo día en que Rubio se reunió en Quito con autoridades ecuatorianas. Durante su visita, el secretario de Estado ratificó el respaldo de Estados Unidos al Gobierno de Daniel Noboa en materia de seguridad y cooperación contra las organizaciones criminales que operan en Ecuador.