Una de las entidades financieras que operaban ilegalmente en Ecuador habría captado alrededor de USD 50 millones de sus clientes antes de ser detectada por las autoridades. Su nombre no ha sido revelado públicamente, pero forma parte de un universo que ha crecido durante los últimos dos años: la Superintendencia de Bancos identificó 127 organizaciones que ofrecían servicios financieros sin contar con autorización para hacerlo.
El registro comprende 60 entidades detectadas durante 2025 y otras 67 incorporadas en 2026. Detrás de las denominaciones comerciales aparecen diferentes mecanismos para atraer clientes, desde ofertas de préstamos rápidos y con pocos requisitos hasta propuestas de inversión promocionadas principalmente a través de canales digitales.
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El superintendente de Bancos, Roberto Romero von Buchwald, explicó a medios locales que algunas organizaciones desarrollaron estructuras capaces de proyectar una apariencia de formalidad. No todas se limitaban a operar mediante páginas web o redes sociales. En determinados casos instalaron oficinas que podían ser confundidas por los usuarios con agencias de instituciones financieras legalmente constituidas.
La existencia de una dirección física, una página profesional o publicidad en Internet, sin embargo, no significa que una organización esté habilitada para captar dinero o conceder determinados servicios financieros. La Superintendencia mantiene un registro de entidades autorizadas y otro con aquellas detectadas realizando actividades sin autorización.
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Entre los nombres incorporados durante 2026 constan Plata Puntual-Préstamo Listo, Rico-Créditos y Préstamos, DineroFácil-Préstamo Fácil, Crédito Smart, Préstamos Ecuador, Crece Credit, Credipaguitos, Cooperativa Pro Credit, CréditoFast-Préstamo Fast, CrediQuito, Crédito Ágil, Finanzas Trust y PrestaYa EC, entre decenas de denominaciones.
El regulador también ha tenido que introducir aclaraciones para evitar que los nombres utilizados por operadores no autorizados afecten a instituciones diferentes. La entidad denominada “Facilito”, incluida en el registro, no tiene relación con Red de Recaudación, Pagos y Servicios Facilito Redfacilito S.A. De igual manera, “Credi Pasa” no está vinculada con la Caja de Ahorro Credipasa.
La captación irregular detectada forma parte de un problema financiero más extenso. Romero estimó que el mercado de préstamos manejado por agiotistas o usureros, conocidos en Ecuador como “chulqueros”, podría superar los USD 10.000 millones. La cifra no corresponde al monto captado por las 127 entidades identificadas, sino a una estimación sobre el tamaño que podría alcanzar el financiamiento informal en el país.
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En algunos casos, según el funcionario, las personas que recurren a estos préstamos terminan afrontando tasas superiores al 1.000% anual. El incumplimiento de las obligaciones puede derivar además en amenazas y otras formas de intimidación. Las autoridades distinguen este fenómeno de las operaciones desarrolladas por instituciones financieras sometidas a regulación y supervisión estatal.
La prohibición de captar recursos sin autorización está contemplada en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Su artículo 254 establece que las personas naturales o jurídicas que no formen parte del sistema financiero nacional no pueden captar o recibir habitualmente dinero de terceros ni realizar actividades reservadas a las entidades autorizadas.
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La expansión de las plataformas digitales ha dificultado establecer límites territoriales precisos para estas operaciones. Aunque las autoridades han recibido alertas procedentes de distintas provincias, una oferta difundida mediante redes sociales puede alcanzar simultáneamente a potenciales clientes en diferentes ciudades del país.
Los hallazgos tampoco se limitan a un operativo único. El registro se actualiza conforme aparecen nuevas organizaciones y la Superintendencia remite los casos detectados a las autoridades competentes.
La identificación de 67 entidades durante 2026, después de las 60 registradas el año anterior, muestra la persistencia del fenómeno. Frente a esas ofertas, la Superintendencia recomienda comprobar en sus registros oficiales si una institución está autorizada antes de entregar dinero, realizar una inversión o contratar un préstamo.
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