Ecuador y Colombia estudian establecer una base binacional en la frontera que comparten como parte de una estrategia para aumentar la presión militar sobre las organizaciones vinculadas al narcotráfico que operan entre ambos países. Las conversaciones avanzaron durante una reunión de altos mandos celebrada en San Lorenzo, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, con la participación del jefe del Comando Sur de Estados Unidos.
El proyecto todavía se encuentra en fase de evaluación. Hasta este viernes 28 de agosto, los gobiernos no han anunciado dónde funcionaría la instalación, qué fuerzas permanecerían en ella, cuál sería su estructura de mando ni cuándo podría comenzar a operar.
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La discusión se produjo durante la visita del general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur, quien mantuvo encuentros con el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, su homólogo colombiano, Jorge Eduardo Mora, y autoridades militares de los tres países.
Las delegaciones se encontraron primero en Tumaco, en el departamento colombiano de Nariño, y posteriormente en San Lorenzo. El Ministerio de Defensa de Colombia había anticipado que uno de los objetivos de la agenda era avanzar en la articulación y gestión de una base binacional destinada a reforzar la respuesta frente a las amenazas presentes en la frontera.
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Las conversaciones sobre la instalación forman parte de un dispositivo de seguridad más amplio. En San Lorenzo, los mandos acordaron fortalecer el intercambio de inteligencia, coordinar operaciones e identificar objetivos para perseguir a los dirigentes de las organizaciones narcotraficantes, afectar sus estructuras logísticas e impedir que mantengan zonas utilizadas como refugio.
La frontera se ha convertido en una de las prioridades de seguridad de Ecuador. Parte de la cocaína producida en Colombia atraviesa territorio ecuatoriano antes de salir hacia mercados internacionales a través de puertos y rutas marítimas del Pacífico.
Las autoridades también han identificado en la zona actividades relacionadas con minería ilegal, tráfico de armas, contrabando y otros delitos transnacionales. La presencia de grupos armados colombianos añade otro componente a las preocupaciones de Quito.
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El Gobierno ecuatoriano teme que el aumento de las operaciones militares en Colombia provoque desplazamientos de estructuras criminales hacia su territorio. Loffredo ha advertido sobre la posibilidad de que grupos sometidos a mayor presión al otro lado de la frontera busquen refugio en Ecuador.
Por esa razón, los tres países preparan intervenciones coordinadas en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, del lado ecuatoriano, y Nariño y Putumayo, en Colombia. La cooperación contempla inteligencia, logística, infraestructura y movilización de fuerzas hacia los sectores considerados de mayor riesgo.
El acercamiento tomó impulso durante los ejercicios Panamax 2026, realizados en Panamá entre el 3 y el 13 de agosto. Allí se produjo la primera reunión entre los ministros de Defensa de Ecuador y Colombia desde el cambio de Gobierno colombiano y se acordó profundizar las acciones conjuntas con respaldo estadounidense.
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Colombia también formalizó este mes su ingreso a la Coalición de las Américas contra los Cárteles, promovida por Washington para coordinar capacidades regionales frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
La cooperación, sin embargo, tiene antecedentes anteriores. En marzo, Ecuador y Colombia pusieron en marcha la Operación Binacional Espejo, que identificó cinco zonas prioritarias para mantener presencia de autoridades de ambos países. Estados Unidos participó en ese esquema mediante inteligencia destinada a apoyar operaciones de interdicción aérea y marítima y localizar estructuras criminales.
El alcance que tendría Washington en la eventual base discutida esta semana no ha sido establecido públicamente. La información oficial disponible se refiere a una instalación binacional entre Ecuador y Colombia, mientras Estados Unidos participa como aliado en inteligencia, planificación y capacidades operativas.
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La definición resulta especialmente relevante en Ecuador, donde la Constitución prohíbe establecer bases militares extranjeras o ceder instalaciones nacionales a fuerzas armadas extranjeras. Esa prohibición continúa vigente.
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