La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una ley para agilizar los procesos de extradición contra los miembros de bandas criminales

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el martes, casi por unanimidad, una ley que actualiza la normativa sobre extradición vigente desde el año 2000, con el propósito de agilizar los procesos y enfrentar el creciente desafío del crimen organizado transnacional.

La iniciativa recibió el respaldo de 139 de los 140 asambleístas presentes, incluidos miembros de la Revolución Ciudadana, principal partido de oposición actualmente suspendido, quienes manifestaron su apoyo a pesar de considerar que la medida no resuelve por completo los problemas de inseguridad del país.

La legisladora oficialista Rosa Torres, ponente del proyecto, explicó: “Lo que estamos haciendo es acortar los plazos, previamente establecer responsabilidades, para que no sean dos años sino que sean 45 días. Y se crea una unidad técnica especializada para que analice cada proceso y así poder dotar de mayor celeridad”. Torres indicó que la ley vigente no contemplaba responsabilidades ni plazos definidos, lo que extendía los trámites hasta seis años.

El documento fue remitido al presidente Daniel Noboa, quien deberá sancionarlo u objetarlo. Según oficialistas, el objetivo de la reforma es convertir la extradición en una herramienta eficaz para combatir el crimen organizado mediante la cooperación internacional. Durante el debate, Torres recordó que en 2024 los ecuatorianos aprobaron en referéndum la eliminación de la prohibición constitucional de extraditar a nacionales requeridos por la justicia de otros países.

La modificación legal facilitó la extradición en 2023 de José Adolfo Macías Villamar (“Fito”), ex líder de Los Choneros, la banda criminal ecuatoriana más antigua, a Estados Unidos. “Hoy estamos estableciendo reglas claras para que tengamos más casos como el de Fito, que sean la mayor cantidad de cabecillas criminales que están teniendo en zozobra a muchas provincias y a muchos sectores del país”, afirmó la legisladora.

Tras ese caso, Ecuador extraditó a otros líderes de Los Choneros requeridos por la justicia estadounidense. El texto legal incorpora definiciones técnicas sobre los procesos de extradición activa y pasiva, delimita los roles de la justicia y de la diplomacia, y restringe la discrecionalidad en las actuaciones. Además, establece que no se concederá la extradición en delitos de carácter político, entre otros motivos.

La aprobación de la Legislatura nacional surge luego de que Galo Javier S. R., alias Gato Negro o Wichi, identificado como el número dos de la banda criminal Los Tiguerones, fuera extraditado a Ecuador y trasladado el sábado a la cárcel del Encuentro, la de máxima seguridad del país, según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

La detención se realizó en Barranquilla, Colombia, gracias a una operación conjunta entre agentes investigadores ecuatorianos, la Agencia de Alguaciles Federales de Estados Unidos (U.S. Marshals), la Unidad de Investigación de Fugitivos (FIU) de Colombia y el Centro Nacional de Inteligencia.

Gato Negro, condenado en Ecuador a 26 años de prisión por un asesinato cometido en 2017, llegó a las 23:44 del viernes (hora local) a la zona aeropolicial de Guayaquil, bajo un importante resguardo policial tras su extradición desde Colombia. La Policía detalló que el traslado se efectuó sin contratiempos.

El ministro del Interior publicó en redes sociales una fotografía del ingreso de alias Gato Negro en la cárcel de máxima seguridad, vestido con el uniforme anaranjado de los reclusos y custodiado por agentes armados. “Gato Negro ya en El Encuentro. Cero impunidad”, escribió Reimberg.

El ministro explicó que, tras ser incluido en la lista de más buscados, Wichi huyó a Colombia, donde habría recibido apoyo de cabecillas de estructuras criminales y obtenido documentación colombiana para establecer una nueva identidad.

(Con información de EFE)