El humo ruso sobre América Latina: desde misiones diplomáticas de cocaína hasta el armamento de los carteles de la droga

A finales de junio de este año, el Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación de Rusia y las misiones diplomáticas bajo su control en la región de América Latina y el Caribe, en particular la Embajada de la Federación de Rusia en Colombia, dieron a luz a otra campaña de desinformación a gran escala.

La Moscú oficial acusó cínicamente a Ucrania de que sus puertos del Mar Negro y sus estructuras de seguridad supuestamente se han convertido en un “centro de tránsito para el narcotráfico latinoamericano hacia Europa” y una “fuente de armas occidentales para los carteles”.

Este absurdo, disfrazado del envoltorio propagandístico habitual del Kremlin, no habría provocado más que ironía si no fuera por el momento (timing) claramente calculado y el contexto geopolítico de esta operación de información y guerra psicológica.

Moscú aplica la táctica clásica de la “acusación en espejo”: inundar el espacio informativo con ficciones con el fin de ocultar los vínculos criminales propios, legalmente documentados, de las estructuras estatales rusas con los sindicatos de la droga más peligrosos de la región. La verdadera razón de la histeria actual de los servicios secretos rusos es la inevitable filtración a gran escala de información a la prensa internacional, provocada por los recientes arrestos de altos funcionarios involucrados en los esquemas transcontinentales de armas del Kremlin.

A los diplomáticos rusos que intentan modelar “centros de narcóticos ucranianos” míticos, les convendría profundizarse más detenidamente en los sótanos de sus sedes diplomáticas y estudiar los archivos de sus propias misiones diplomáticas. La comunidad internacional sabe muy bien qué sedes diplomáticas funcionaron realmente como almacenes de tránsito de drogas duras. El mundo entero recuerda el ruidoso escándalo internacional con el hallazgo de unos 400 kilogramos de cocaína pura directamente en la escuela de la Embajada de la Federación de Rusia en la Argentina.

Este cargamento, valorado en más de 60 millones de dólares, fue empacado por “representantes” rusos en valijas diplomáticas con el propósito de enviarlo a Moscú en aviones gubernamentales del Escuadrón de Vuelo Especial “Rusia”, que sirve a los altos funcionarios del Kremlin. También es indicativo el destino posterior del entonces embajador ruso en Buenos Aires, Víktor Koronelli. En lugar de un tribunal o un despido vergonzoso por el almacén de cocaína bajo sus propias narices, el Kremlin lo nombró sucesivamente como el jefe de misiones diplomáticas en puntos estratégicos para la región: primero como embajador en México y actualmente en Cuba. Parece que, en el sistema del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, el ascenso diplomático se correlaciona directamente con el éxito en la logística criminal del Sur Global.

Mientras Moscú produce informes falsos, las agencias de aplicación de la ley de los EEUU, España y Bulgaria, con la participación de los investigadores del proyecto NarcoFiles, han expuesto por completo una red real y funcional de suministro de armamento militar pesado para uno de los carteles de la droga más violentos “Jalisco Nueva Generación” (CJNG).

Los materiales del Departamento de Justicia de los EEUU y del Tribunal Federal de Virginia demuestran que se intentó vender al cartel mexicano un colosal arsenal militar valorado en 58 millones de dólares, que incluía lanzagranadas antitanque, rifles de francotirador, minas y sistemas de defensa aérea portátiles. El arquitecto principal del esquema resultó ser el traficante de armas búlgaro Petar Mirchev, socio comercial de muchos años del conocido “mercader de la muerte” ruso Víktor Bout, a quien el Kremlin liberó tan ardientemente de una prisión estadounidense y posteriormente integró en su sistema político.

Durante los registros, las fuerzas del orden europeas descubrieron que las mismas empresas clandestinas que preparaban las armas para los militantes mexicanos eran utilizadas paralelamente por Rusia para la compra de componentes militares escasos, eludiendo las sanciones internacionales. Es decir, se trata de una red única de agentes criminales del Kremlin.

El principal detonante que obligó a la inteligencia rusa a actuar en modo de emergencia a finales de junio de 2026 fue el colapso final del brazo logístico africano de este esquema. Las armas para el cartel CJNG estaban marcadas bajo certificados falsos de usuario final para los Ministerios de Defensa de Tanzania y Uganda.

El 27 de junio del corriente, los servicios secretos detuvieron en Uganda a un actor clave de este eslabón: el ex oficial de las Fuerzas de Defensa locales, Michael Katungi Mpeirwe. Ya el 29 de junio, un tribunal de Kampala satisfizo por completo la solicitud de los EEUU para su extradición. La entrega de Katungi a la justicia estadounidense significa la revelación completa de las transferencias financieras y de agentes que conducen directamente a Moscú. Es por eso que Rusia activó urgentemente la operación “Matrioshka”, intentando llenar el espacio informativo con ficciones sobre Ucrania antes de que aparezcan las primeras actas de los testimonios de Katungi en los principales medios de comunicación.

Durante mucho tiempo, el argumento de que “las armas para Ucrania pueden caer en manos del crimen” fue apoyado artificialmente por los agentes rusos para justificar la neutralidad de ciertas capitales latinoamericanas. Hoy en día, los procesos judiciales internacionales en los EEUU y España disipan este humo ruso: los hechos reales demuestran que el único proveedor sistemático de tecnologías militares para el narcoterrorismo en América Latina fue y sigue siendo la Federación de Rusia.

Ucrania, por su parte, al defender su propia libertad, sigue siendo un socio confiable para todos los Estados que respetan el derecho internacional y la seguridad de sus ciudadanos.