Chile: todos los niños haitianos que eran buscados por presunto tráfico de menores fueron ubicados

Viviendo con sus familias o tutores legales, escolarizados y en buenas condiciones de salud fueron ubicados los 64 niños haitianos que eran buscados frenéticamente por la autoridades, luego de un preinforme de la Contraloría General de la República (CGR) que alertaba graves falencias en los protocolos para su entrada al país, así como la pérdida de su trazabilidad por parte del Estado.

“63 se encuentran en Chile y una adolescente se encuentra en México. Los oficiales tomaron contacto con el padre, que está en Chile, y una videoconferencia con la madre y la niña, verificando que se encuentra bien. Es decir, con eso cerramos el ciclo que tenemos todos ubicados respecto de esta nómina acotada que estábamos verificando”, confirmó este martes el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

En tanto, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, detalló que buena parte de los niños y adolescentes presentaban sus papeles migratorios en regla, acudían a un jardín infantil o escuela pública y estaban inscritos en centros de salud locales, y celebró el trabajo conjunto entre las policías y las diversas instituciones del Estado que tuvieron que movilizarse para dar con el paradero de los menores.

“El informe de Contraloría ayudará a perfeccionar (los protocolos) y sabemos que es urgente, porque cuando nos falta información, cuando hay brechas entre una institución y otra, podemos lamentar situaciones como esta (...) y el deber del gobierno es justamente avanzar y darle certeza a la ciudadanía”, señaló la secretaria de Estado.

Al cierre, ambos recalcaron que se descartó el delito de trata de personas, tal como ya lo había señalado este domingo el director de la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille, quien aseguró que “con la información que manejamos, por la información también que ha venido saliendo desde los municipios, no hay al menos denuncias de comisiones de delitos de trata o tráfico y otro delito”.

El caso

Cabe recordar que el lunes pasado, luego de una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) tras el preinforme de la Contraloría, el Ministerio Público abrió una investigación por el presunto tráfico de decenas de niños y adolescentes haitianos que entraron al país en 2025 en vuelos chárter, bajo la figura de “reunificación familiar”, acompañados de 12 “tutores legales” con quienes no tenían lazos consanguíneos y cuyo paradero se desconocía.

Mediante un comunicado, desde la Fiscalía señalaron que la Contraloría identificó “que cientos de menores de edad habrían ingresado al país acompañados por adultos en vuelos chárter autorizados por la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC), cuya relación no habría sido verificada por las autoridades competentes, durante el viaje, ni al momento de ingreso al país”.

“La gravedad de los hechos involucra la eventual existencia de un funcionario público o de un grupo de personas que hayan facilitado o promovido la entrada ilegal al país de personas que no sea nacional o residente”, advirtieron.

El asunto tuvo de cabeza toda la semana a dichas reparticiones, pero también al Gobierno, la Subsecretaría de la Niñez, la Policía de Investigaciones (PDI), la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC) y el Registro Civil, y hasta la Unicef aseguró que era “necesario saber con urgencia dónde están”, advirtiendo una posible vulneración de sus derechos y pidiendo verificar sus actuales condiciones de vida.

Los sumarios que abrió la Contraloría

Así las cosas, esta jornada la Contraloría emitió un duro informe final e instruyó sumarios administrativos por graves falencias en el Programa de Reunificación Familiar al interior del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la PDI y la Subsecretaría de la Niñez.

Y es que de acuerdo al Informe Final 541-2025, se detectaron “una serie de incumplimientos relevantes en el SERMIG, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, asociados principalmente a debilidades de control interno, falta de coordinación institucional y deficiencias en la gestión de procesos migratorios”.

Ello, “implicó ausencia de protocolos comunes, deficiencias en el intercambio de información y respuestas tardías ante situaciones de riesgo, afectando el seguimiento efectivo de los menores para asegurar su protección”, señalaron desde el ente.

Finalmente, La CGR ordenó implementar “sistemas de seguimiento activo de los niños, niñas y adolescentes por parte de la Subsecretaría de la Niñez y las oficinas locales de la Niñez, para verificar que no se hayan vulnerado sus derechos”.