
El narcotraficante uruguayo Luis Fernández Albín –un presunto socio del prófugo Sebastián Marset– dice sufrir en la cárcel uruguaya “tortura psicológica, amenazas y un aislamiento prolongado innecesario”. Para la Policía uruguaya no es un preso más: es alguien de “alto riesgo” y necesita “medidas especiales de reclusión”, según han definido las autoridades.
La defensa del narcotraficante redactó dos recursos de habeas corpus, pero el lugar de prisión no fue modificado. Y ahora se agregó otro elemento de presión adicional para las autoridades: el imputado y otros presos iniciaron una huelga de hambre, informaron medios locales.
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Tras ser extraditado desde Argentina, el narcotraficante Luis Fernández Albín fue imputado en Uruguay por narcotráfico, lavado de activos y contrabando, y enviado a prisión preventiva. Allí empezó una huelga de hambre este domingo, con el objetivo de que cese su aislamiento, informó El País. Este lunes, en tanto, empezaron a tomar la misma medida reclusos del Penal de Libertad, una de las cárceles más peligrosas del país.
Los reclusos que comenzaron con esta definición son los que están alojados en el sector conocido como La Piedra.
En el Ministerio del Interior –la cartera dedicada a los temas de seguridad en el país– consideran que esta decisión es una “reacción” ante la neutralización que las autoridades lograron de la banda.
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Los defensores de Fernández Albín confirmaron esta noticia a ese diario uruguayo, y alertaron que la salud mental del imputado está en “riesgo”. La Justicia, sin embargo, considera que sus derechos están garantizados.

A su vez, a través de una carta de puño y letra, los reclusos manifestaron su “apoyo al compañero” Fernández Albín. El texto, divulgado por Montevideo Portal, informa que comenzaron “un ayuno de manera voluntaria y pacífica”. “Tenemos la certeza de que se le vulneran algunos derechos de los que le corresponden como privado de libertad”, señala el texto. Los presos le piden al Ministerio del Interior “tomar cartas en el asunto” y “poder mejorar sus condiciones de reclusión y tener mucho más benevolencia con las medidas últimamente impartidas a su régimen”.
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“Tengan la consideración y aporten una unidad para poder mejorar de alguna manera la situación y circunstancia en la que se encuentra recluido. Nosotros con este ayuno pacífico y sin rebeldía le pedimos que las autoridades se hagan presente en la unidad”, agregan.
Los defensores de Fernández Albín están en disputa con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), a cargo de la gestión de las cárceles en el país. Es que días después de que Fernández Albín haya sido imputado y enviado al Centro de Diagnóstico y Derivación, su defensa presentó el primer recurso de habeas corpus.
Fue en ese momento que denunció la “tortura psicológica” y el “aislamiento prolongado”. Sin embargo, el INR definió mantener las condiciones de reclusión. Según informó El País, los peritos señalaron que es necesario supervisar y controlar los vínculos externos de Fernández Albín para “reducir su capacidad de coordinación criminal”. Una pericia concluyó que “presenta un riesgo de violencia alto y riesgo alto de daño físico grave”.
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Luego de que su defensa presentara el primer habeas corpus, Fernández Albín fue sometido a un estudio pisquiátrico en el que manifestó haber tenido ideas suicidas. “Estoy aislado, sofocado, sin un compañero para hablar, incomunicado”, expresó, según un documento incorporado al expediente y consignado por el medio uruguayo.
A mediados de enero, el Ministerio del Interior difundió un video en el que muestra las condiciones de reclusión de Fernández Albín. Los controles de seguridad que hay en la cárcel incluye la videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, sensores de movimiento –entre otros dispositivos–, doble cerca y dobles muros perimetrales.
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