Avances en la investigación por el homicidio de un cabo en la frontera entre El Salvador y Guatemala

Cinco presuntos integrantes de una célula de contrabando de mercadería entre El Salvador y Guatemala permanecerán en prisión provisional mientras avanzan las investigaciones por el homicidio de un militar salvadoreño. El juez del Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana ordenó la medida para los imputados, quienes enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas y contrabando de mercadería. Uno de los acusados también afronta proceso por homicidio agravado, tras la muerte de un cabo de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) durante un operativo en la frontera, según reportó la Fiscalía.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron la tarde del viernes 6 de febrero en el cantón El Zapote Brujo, distrito de Metapán, en el departamento de Santa Ana. La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que, al llegar al sitio, localizaron el cuerpo sin vida de un militar con uniforme camuflado a unos 25 metros del río que delimita la frontera entre El Salvador y Guatemala. El informe policial confirmó que la víctima pertenecía a la Segunda Brigada de Infantería, bajo el control operacional del Comando Sumpul.

La FGR identificó a los procesados como David Salterio Polanco, señalado como autor principal del homicidio agravado, Mario Ernesto Guevara Pineda, Aldo Avelar López, Meybelin Michelle Martínez Flores y Justin Alexander Ramírez Maldonado. Según la acusación, el grupo fue sorprendido cuando intentaba ingresar varias cajas de cigarrillos de la marca “Royal”, prohibida en el país, a través de un paso fronterizo no habilitado.

Las autoridades detallaron que soldados del Comando Sumpul detectaron la presencia de los individuos y, al interceptarlos, estos huyeron abandonando la mercancía. Durante el operativo, el cabo Pablo Israel Cortes Recinos logró capturar a David Salterio Polanco, quien lo hirió con una piedra, le arrebató el fusil y, tras un forcejeo, le disparó, provocando su muerte en el lugar. Posteriormente, los implicados fueron localizados y capturados durante un operativo de búsqueda, informó la FGR a través de sus redes sociales.

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, declaró que este caso corresponde al sexto cruce ilegal de mercadería detectado en la zona en los últimos meses. Destacó que, en el procedimiento, las autoridades decomisaron dos vehículos, motocicletas y el cargamento ilícito. Además, advirtió que existen ciudadanos guatemaltecos involucrados, quienes serán requeridos por la justicia.

Durante la presentación de los detenidos, Villatoro enfatizó que el Gobierno ha declarado una “guerra sin cuartel” contra las estructuras dedicadas al contrabando. Según reportó la FGR continuará el proceso judicial mientras se desarrollan nuevas diligencias investigativas para determinar la posible participación de más personas en la red criminal.

La audiencia inicial se realizó en el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana. La FGR y la PNC mantienen la investigación en curso para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades penales.

En el contexto de la intensificación de las acciones estatales contra el crimen organizado, la FGR informó que, gracias a las reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de hasta 75 años de prisión a 163 miembros de la pandilla MS que operaban en sectores de La Libertad. Las sentencias, dictadas bajo el Régimen de Excepción, corresponden a delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y organizaciones terroristas.

Entre los condenados figuran Giovanni Alexander ángel Arguello y Emerson Adilson Rodríguez Márquez, con 75 años de prisión cada uno; Wendy Carolina Peña Cortez, con 70 años; y Fátima Marcela Palma Domínguez y Karla Alejandra Jordan Guzmán, con 60 años cada una. La FGR atribuyó estos resultados al fortalecimiento legal y a la coordinación interinstitucional en la lucha contra las estructuras criminales.