El proceso judicial contra 22 ranfleros identificados como los máximos líderes históricos de la MS-13 ha expuesto el alcance de la violencia que operó bajo sus órdenes. Los fiscales han presentado los primeros testimonios que los implican en más de 9,000 hechos criminales, entre ellos la muerte de numerosos agentes de policía y la orden de ejecutar asesinatos masivos en marzo de 2022.
Durante la audiencia, el tribunal escuchó cómo los líderes pandilleros, mediante lo que denominaban “válvulas abiertas”, autorizaban homicidios de rivales, policías, militares y civiles que se oponían a sus exigencias. Estos testimonios, junto con 13 declaraciones anticipadas recopiladas por la Fiscalía, buscan demostrar la estructura y métodos de la organización delictiva, así como los territorios bajo su control.
Las acusaciones incluyen la responsabilidad directa en la muerte de 80 policías y la orden de asesinar a 86 personas en una sola semana. Los hechos ocurrieron durante la última semana de marzo de 2022, cuando los cabecillas instruyeron a sus subordinados a ejecutar ataques sin restricciones, según lo relatado en las declaraciones presentadas.
Entre los crímenes destacados figura el doble homicidio de dos soldados hermanos en Morazán en 2019, cometido bajo órdenes explícitas de los cabecillas, y un ataque con granada perpetrado en el Centro Penal de Ciudad Barrios el 27 de marzo de 2017, captado en una intervención telefónica. También se atribuye a estos líderes el asesinato de un fiscal jefe de la Unidad de Vida de la Oficina Fiscal de Usulután, ocurrido el 7 de marzo de 2015.
Audiencia única contra 486 cabecillas de la MS-13 en San Salvador
La presentación de estos testimonios forma parte de una audiencia única abierta contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), a quienes la Fiscalía les atribuye más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022. En esta instancia, el tribunal busca esclarecer el funcionamiento interno, la estructura jerárquica y la cadena de mando de la organización criminal, así como los territorios bajo su control y la manera en que operaban para ejecutar los crímenes.
El Fiscal Adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, identificó a los principales cabecillas procesados por ordenar múltiples crímenes graves. La lista incluye:
- Borromeo Enrique Henríquez Solorzano, alias diablito de Hollywood
- Carlos Alberto Valdez Herrera, alias kid de santos de criminal gánster
- Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias snayder o tibi de Pasadena
- César Antonio López Larios, alias greñas de stoner u oso
- Dany Fredy Ramos Mejía, alias cisco de teclas
- Eduardo Erazo Nolasco, alias colocho o mustage de wester
- Fernando Flores Cubas, alias cola o colo de wester
- Efraín Cortez, alias tigre, chivo o el viejo de park view
- Helmer Canales Rivera, alias croock de Hollywood
- José Luis Mendoza, alias viejo pavas de seven eleven
- Julio César Melgar Hernández, alias power de teclas
- Leonel Alexander González Leonardo, alias necio de san cocos
- Mario Ernesto Avelar Franco, alias diabólico, alias diablo o neto cabra de quezaltecos
- Rigoberto Ely Martínez Mendoza, alias tun tun
- Fredy Iván Jandres Parada, alias lacky o laky de parview o blacky
- Hugo Armando Hernández Quinteros, alias flaco de francis
- Rubén Antonio Rosa, alias chivo de centrales
- Jorge Alberto Eduardo Chacón, alias cokio koki de leedwards
- Carlos Geovany Coreas Mendoza
- Oscar Leonel Jovel Martínez, alias sapo o ministerio de Zaragoza
- Edson Zachary Eufemia Escobar, alias speedy, spiry o spyry de park view locos
La Fiscalía y el despliegue de pruebas
La Fiscalía busca demostrar el funcionamiento interno de la MS-13, su capacidad de coordinación y el impacto de sus acciones sobre la sociedad salvadoreña y los cuerpos de seguridad. Los delitos atribuidos a estos líderes incluyen homicidios, desapariciones, agrupaciones ilícitas, rebelión y extorsión.
En los próximos días, el proceso judicial continuará con la presentación de nuevas pruebas testificales, periciales y documentales ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado en San Salvador. El objetivo final es lograr justicia para las víctimas de la violencia pandilleril y sentar un precedente en la lucha institucional contra estas estructuras criminales.
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