Los cuatro de Guayaquil: el Estado ecuatoriano no ha cumplido plenamente la sentencia por el caso

A más de un mes de que la Corte Constitucional del Ecuador declarara la responsabilidad del Estado por la desaparición forzada de cuatro niños en el sector de Las Malvinas, en Guayaquil, el cumplimiento de la sentencia avanza de forma parcial y con retrasos en varias de las medidas ordenadas a distintas instituciones públicas.

El fallo, emitido en marzo de 2026, dispuso una serie de acciones de reparación integral que debían ser ejecutadas por al menos diez entidades del Estado en plazos diferenciados. Sin embargo, hasta finales de abril, solo una parte de esas disposiciones ha sido cumplida, mientras otras siguen pendientes o en proceso de implementación.

Entre las acciones ya ejecutadas consta la intervención del Ministerio de Salud, que tomó contacto con los familiares de los niños para coordinar atención médica y psicológica, una de las medidas orientadas a la reparación de las víctimas indirectas. Asimismo, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Judicatura publicaron la sentencia en sus portales institucionales dentro del plazo establecido por la Corte, cumpliendo con las obligaciones de difusión y acceso a la información, según reportó Ecuavisa.

En el ámbito legislativo, la Asamblea Nacional también avanzó en el cumplimiento de la sentencia al declarar el 8 de diciembre como día de conmemoración nacional en memoria de los menores, en una sesión que se realizó sin debate amplio. Además, el congreso inició el trámite para reformar la Ley de Personas Desaparecidas, en línea con lo dispuesto por el máximo órgano de control constitucional.

No obstante, otras medidas clave aún no se han concretado. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, tenía un plazo inicial de un mes para publicar y difundir la sentencia entre el personal militar, pero ese término empezó a contarse posteriormente, luego de que la Corte resolviera los pedidos de aclaración y ampliación presentados por entidades estatales. Desde esa fecha, la cartera de Estado ha señalado que se encuentra en fase de planificación para ejecutar las disposiciones ordenadas.

Una de las obligaciones más relevantes pendientes es la realización del acto público de disculpas. Según la sentencia, el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana debe ofrecer un pronunciamiento en cadena nacional en el que reconozca la responsabilidad estatal y las fallas en la protección de los derechos de los niños. Para esta medida, la Corte fijó un plazo de dos meses desde la notificación correspondiente, lo que mantiene la expectativa sobre su cumplimiento en las próximas semanas.

El cumplimiento fragmentado de la sentencia ocurre en medio de un contexto de tensión institucional. La Procuraduría General del Estado presentó un recurso de aclaración ante la Corte Constitucional en el que cuestiona el alcance del fallo, especialmente en lo relacionado con la declaratoria de desaparición forzada dentro de un proceso de hábeas corpus. Ese recurso fue rechazado por el tribunal, que ratificó su decisión inicial y dejó en firme las medidas de reparación ordenadas.

La sentencia del caso no solo estableció la responsabilidad estatal por la desaparición de los cuatro menores, sino que también incluyó disposiciones orientadas a la memoria, la verdad y la no repetición. Entre ellas, la incorporación del caso en espacios de memoria histórica, la recuperación de un espacio público en Guayaquil y la adopción de medidas institucionales para evitar hechos similares en el futuro.

Sin embargo, el avance desigual en la ejecución de estas acciones ha evidenciado las dificultades de coordinación entre entidades y los distintos ritmos institucionales para cumplir órdenes judiciales de carácter estructural.

El caso se mantiene como uno de los más sensibles en materia de derechos humanos en el país. La implementación completa de las medidas ordenadas por la Corte será determinante para evaluar la capacidad del Estado ecuatoriano de responder a violaciones graves de derechos y garantizar mecanismos efectivos de reparación a las víctimas.