Asamblea aprueba discutir ley que obligaría a reducir intereses cuando bajen las tasas en Panamá

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 552, una iniciativa que busca introducir nuevas reglas de transparencia, equilibrio y control en los contratos de crédito del sistema bancario panameño.

La propuesta, impulsada por el diputado Ernesto Cedeño, apunta a prácticas cuestionadas por usuarios, como el aumento de tasas sin ajustes a la baja, en un contexto donde el crédito es una herramienta clave para el acceso a financiamiento.

El proyecto plantea modificar el marco legal vigente para obligar a los bancos a detallar elementos como la tasa inicial, la metodología de cálculo, el índice de referencia y el límite máximo aplicable durante la vida del crédito.

Además, introduce la exigencia de que las tasas variables se basen en indicadores objetivos, públicos y verificables, evitando que dependan exclusivamente de decisiones internas.

Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es la incorporación del principio de simetría en las tasas de interés, que obligaría a las entidades a reducirlas cuando el índice de referencia disminuya.

Actualmente, según el proponente, esto no ocurre de forma consistente. También se establece la prohibición de modificar unilateralmente las condiciones del contrato, reforzando la seguridad jurídica y la protección del cliente.

El proyecto también introduce límites a las penalidades por incumplimiento, estableciendo que los recargos no podrán superar el 20% del capital originalmente prestado y que deben ser proporcionales y claramente definidos.

Además, obliga a los bancos a presentar una liquidación final detallada, evitando la acumulación de cargos adicionales que eleven la deuda .

Para el diputado Ernesto Cedeño, la iniciativa responde a quejas de clientes sobre aumentos en tasas basados en variables externas que luego no se traducen en reducciones.

El proyecto también plantea crear una vía administrativa para solicitar la prescripción de deudas sin procesos judiciales, lo que reduciría costos y tiempos para los usuarios.

La Superintendencia de Bancos de Panamá tendría un rol central en la aplicación de la ley, con facultades para fiscalizar, regular y sancionar incumplimientos, además de establecer índices de referencia y ordenar la eliminación de cláusulas contractuales contrarias a la normativa .

Este proyecto representa el segundo intento del diputado Ernesto Cedeño de introducir cambios relevantes en el sistema bancario panameño. Su iniciativa anterior sobre el manejo de deudas fue vetada por el presidente José Raúl Mulino y rechazada por el sector financiero, lo que evidencia la tensión existente entre las propuestas de reforma y la posición de la banca.

En ese antecedente, el sector bancario advirtió que propuestas similares podrían generar incertidumbre, mayores costos y restricciones en el crédito, afectando a familias y pequeñas empresas. También alertó sobre el riesgo de incentivar el incumplimiento, debilitando la cultura de pago y presionando la estabilidad del sistema financiero.

En contraste, el nuevo proyecto introduce cambios más amplios al exigir que todas las condiciones relacionadas con tasas sean claras, visibles y previamente definidas. Esto incluye detallar el método de cálculo, los índices utilizados y los topes máximos, elementos que hoy no siempre están transparentes para los clientes.

La propuesta también prohíbe la modificación unilateral de condiciones durante la vigencia del crédito sin consentimiento del cliente, reforzando la previsibilidad, estabilidad y equilibrio contractual en la relación entre bancos y usuarios.

Con la aprobación en primer debate, el proyecto pasará ahora al pleno de la Asamblea Nacional, donde enfrentará un debate más amplio entre diputados, sector bancario y Ejecutivo. El resultado será clave para definir si Panamá introduce cambios estructurales en su sistema de crédito o mantiene el modelo actual con ajustes parciales.