La Fiscalía pidió prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil en un caso por delincuencia organizada

La audiencia de formulación de cargos del caso Goleada contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otros diez investigados se instaló en la madrugada del miércoles, 11 de febrero de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito, bajo reserva y con restricciones de acceso para la prensa. La Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva para diez de los procesados, incluido el alcalde, y arresto domiciliario para una persona de la tercera edad, al sostener que investiga una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

El proceso se activó tras el operativo ejecutado por Fiscalía y Policía en Guayas, la madrugada del 10 de febrero, cuando se concretaron detenciones “con fines de formulación de cargos” contra once personas, entre ellas Aquiles Álvarez y sus hermanos Antonio y Xavier. De forma oficial, la Fiscalía informó que la investigación está en desarrollo y que, durante los allanamientos, se levantaron indicios como teléfonos celulares, dispositivos USB, computadores, dinero en efectivo y documentos que guardarían relación con la causa.

Según la cobertura en vivo de Primicias, la diligencia se abrió con los procesados siguiendo la audiencia por vía telemática desde una zona de aseguramiento, mientras sus defensas intervenían presencialmente en sala. En la fase inicial, el juez consultó a los investigados sobre el respeto de sus derechos durante el procedimiento de detención; con esas respuestas, el juzgador declaró la legalidad de la detención, lo que habilitó que la Fiscalía expusiera su teoría del caso y sus elementos de convicción.

Antes de que la Fiscalía formalizara su pedido de medidas, las defensas presentaron documentación para sustentar arraigos. En el caso del alcalde, se incorporaron papeles vinculados a su condición de autoridad electa y otros respaldos documentales. Los medios locales reportaron, además, la inclusión de un “certificado de honorabilidad” suscrito por Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, como parte del paquete de arraigos anunciado por el círculo legal del alcalde.

En el núcleo de su exposición, la Fiscalía planteó que el expediente apunta a un “entramado societario complejo” que habría evadido controles estatales y que, por su estructura, implicaría riesgos procesales si los investigados enfrentan el proceso en libertad. Bajo ese argumento, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para la mayoría de los procesados y anticipó el uso de alrededor de 20 elementos de convicción para motivar su pedido, según reportó Ecuavisa.

El caso adquirió un componente adicional por una información oficial difundida por la Fiscalía durante el operativo: al momento de su detención, Aquiles Álvarez no portaba el grillete electrónico que le había sido dispuesto como medida cautelar dentro del caso Triple A, en el que es investigado por presunta comercialización ilegal de hidrocarburos. Ese antecedente, que no forma parte del caso Goleada, pero sí de su situación judicial previa, fue incorporado por la Fiscalía en su comunicación pública y ha sido citado en coberturas posteriores como un elemento que podría influir en la discusión de medidas cautelares.

La defensa del alcalde rechazó la tesis fiscal y sostuvo que la nueva causa reetiqueta hechos ya investigados en el expediente de hidrocarburos. En declaraciones recogidas por Ecuavisa, el abogado Ramiro García cuestionó que el fiscal haya expuesto hechos que, según su versión, coinciden con el caso Triple A, y criticó el conocimiento técnico de la Fiscalía en materia de comercialización de combustibles.

En el exterior del Complejo Judicial Norte, se desplegó un operativo de seguridad y se registraron concentraciones de simpatizantes. La audiencia se desarrolló durante la madrugada y fue suspendida cerca de las 6:00 hora de Quito. En paralelo, el caso se lee en un contexto político marcado por la confrontación sostenida entre Álvarez y el Gobierno central, así como por un clima de alta sensibilidad institucional frente a investigaciones penales que involucran autoridades electas y estructuras económicas bajo sospecha.