
El testimonio de un ex reo de la Penitenciaría del Litoral, documentado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), expone con crudeza las condiciones extremas de insalubridad, violencia y abandono sanitario que persisten en la cárcel más grande y violenta de Ecuador, donde —según su relato— los internos llegaron a convivir cuatro días con cadáveres dentro de la celda sin que las autoridades retiraran los cuerpos ni brindaran protección mínima a quienes permanecían con vida.
El testimonio, recogido el 30 de enero de 2026 bajo condición de identidad reservada, corresponde a una persona privada de libertad que ingresó a la Penitenciaría el 26 de septiembre de 2025 y fue trasladada por varios pabellones del centro. Su relato describe un patrón de hacinamiento extremo, castigos físicos durante los traslados, restricciones al acceso al agua, alimentación insuficiente, y una propagación descontrolada de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, en un contexto de ocupación militar permanente.
Según el ex reo, al llegar al pabellón 10 fue sometido, junto a otros internos, a tratos degradantes por parte de militares: los obligaron a permanecer sentados en el suelo caliente, sin permitirles beber agua, y golpearon con cables a quienes levantaban la mirada. En las celdas, aseguró, hasta 17 personas compartían espacios reducidos, con cuatro literas para dos personas cada una, mientras el resto debía dormir en el piso o en baños insalubres.

Posteriormente fue trasladado al pabellón 2, que describió como un espacio inundado y destinado a personas enfermas de tuberculosis. Allí, señaló, la ración de comida era mínima y la insalubridad generalizada provocó infecciones y un cuadro de desnutrición severa. Una brigada médica registró su peso en 47 kilos y lo incluyó en un programa de recuperación, aunque advirtió que solo quienes se encontraban en condiciones visibles de extrema gravedad eran derivados al policlínico. “Cuando uno no puede más, ahí es que proceden a ayudar, pero a veces es muy tarde”, relató.
El testimonio coincide con denuncias reiteradas de familiares y organizaciones de derechos humanos sobre la falta de acceso oportuno a atención médica, agravada por restricciones impuestas por el control militar. El propio personal de salud ha señalado que, durante meses, no pudo ingresar a los pabellones para suministrar medicamentos, situación que derivó en la suspensión de tratamientos para enfermedades crónicas y contagiosas.
En el pabellón 5, donde permaneció cerca de un mes y medio, el ex reo describió que los internos comían en tarrinas apoyadas en el piso inundado, mientras la sopa y el arroz flotaban en agua contaminada. “Con toda esa insalubridad, la gente se fue enfermando poco a poco”, señaló. En ese contexto, aseguró haber contraído tuberculosis, atribuyéndolo a la combinación de contagio, hacinamiento y debilidad física por falta de alimentación adecuada.

El momento más crítico del relato se centra en la muerte de dos personas privadas de libertad dentro de su celda. De acuerdo con su testimonio, los cuerpos permanecieron cuatro días sin ser retirados por las autoridades. Durante ese tiempo, los internos continuaron durmiendo y comiendo en el mismo espacio. “Teníamos que comer con ellos ahí”, afirmó. Según su versión, los guías penitenciarios minimizaban la situación y retrasaban el aviso a Criminalística, mientras los cadáveres seguían en la celda.
Cuando finalmente acudió el personal forense, relató, los propios internos fueron obligados a retirar los cuerpos sin guantes ni mascarillas, cargarlos hasta la planta baja y colocarlos en el vehículo de Criminalística, mientras los funcionarios se limitaban a tomar fotografías. “Los PPL mismos tenían que bajar al muerto hasta el carro”, señaló.

El testimonio también denuncia golpizas y maltratos incluso en el proceso de excarcelación. Antes de recibir su boleta de salida, afirmó haber sido agredido por militares que aprovechaban la ausencia momentánea de defensores de derechos humanos para golpear a los internos con puños, botas y bastones. “Buscan el mínimo descuido para maltratarnos”, declaró.
El CDH advirtió que este testimonio no constituye un hecho aislado, sino que confirma un patrón sistemático de violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal, la salud y la dignidad humana en la Penitenciaría del Litoral, pese a resoluciones judiciales y medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La organización alertó sobre la indiferencia estatal frente a una crisis que ha dejado cientos de muertes bajo custodia y que sigue cobrando vidas en medio de condiciones calificadas como inhumanas y degradantes.
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