El congreso de Ecuador autorizó el inicio del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional del Ecuador autorizó el inicio del trámite de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, dando paso a un proceso de control político que vuelve a colocar a la Función Judicial en el centro de la disputa institucional. La decisión habilita que el pedido avance a las siguientes etapas previstas en la normativa legislativa, sin que ello implique aún un pronunciamiento de fondo sobre las acusaciones.

La resolución del CAL se produjo tras verificar que la solicitud cumplía los requisitos formales establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Como parte del procedimiento, el órgano administrativo del Parlamento dispuso que la Unidad Técnica Legislativa (UTL) emita un informe técnico-jurídico no vinculante, cuyo contenido avaló la procedencia del trámite. Con ese respaldo, el expediente fue remitido a la Comisión de Fiscalización y Control Político, instancia encargada de sustanciar el proceso.

El juicio político contra Godoy se sustenta en cuestionamientos sobre el ejercicio de sus funciones al frente del órgano que administra y disciplina a jueces y fiscales en Ecuador. Entre los señalamientos que motivaron la solicitud figuran presuntas irregularidades en la gestión institucional y denuncias de presiones indebidas que, según los proponentes, comprometerían la independencia judicial. Godoy ha rechazado públicamente las acusaciones y ha sostenido que su actuación se ha ajustado al marco legal vigente.

A finales de diciembre, el presidente de Ecuador,Daniel Noboa, recomendó públicamente a Godoy que renuncie a su cargo una vez que comparezca ante la Asamblea Nacional, en medio del escándalo generado por presuntas presiones indebidas dentro del sistema judicial y por las amenazas contra un juez que conoció un caso de narcotráfico relacionado con un ciudadano serbio. El mandatario sostuvo que el Estado garantizará la seguridad del magistrado afectado para que pueda concluir el proceso sin intimidaciones.

Pese a esa recomendación, tras la comparecencia, Godoy continúa en el cargo. El escándalo ha salpicado al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, que ha convocado al pleno del tribunal este lunes para definir el futuro de su cargo. Suing recomendó en dos ocasiones en su terna a Godoy para presidir la Judicatura.

La decisión del CAL no supone la destitución ni la suspensión automática del presidente de la Judicatura. En esta fase, la Comisión de Fiscalización deberá convocar a comparecencias, recibir documentación y evaluar los argumentos de las partes. Concluida esa etapa, la comisión elaborará un informe recomendando o no el enjuiciamiento, que será conocido por el Pleno de la Asamblea. Para una eventual censura y destitución se requiere una mayoría calificada de votos, conforme a la Constitución.

El avance del proceso se produce en un contexto de alta tensión entre las funciones del Estado y de cuestionamientos recurrentes sobre la gobernabilidad del sistema judicial. En los últimos años, la Judicatura ha sido objeto de críticas por su rol en concursos, evaluaciones y sanciones a operadores de justicia, así como por su relación con otros órganos de control. El juicio político reabre el debate sobre los límites del control legislativo y la autonomía de la Función Judicial.

Desde el oficialismo y sectores aliados se ha señalado que el trámite responde a la obligación constitucional de fiscalizar a las autoridades, mientras que voces críticas advierten el riesgo de que el proceso se utilice como un mecanismo de presión política sobre la justicia.

El presidente de la Judicatura deberá ejercer su derecho a la defensa durante la sustanciación del proceso en la Comisión de Fiscalización. De prosperar el informe acusatorio y alcanzar los votos necesarios en el Pleno, la Asamblea podría disponer su censura y destitución, lo que abriría un nuevo escenario para la conducción del órgano judicial. En caso contrario, el archivo del juicio político reforzaría la continuidad de Godoy en el cargo y marcaría un precedente sobre los alcances del control parlamentario.

Con la autorización del CAL, el juicio político entra formalmente en la agenda legislativa y se suma a una serie de procesos de fiscalización que han marcado el actual período parlamentario. El desenlace dependerá del desarrollo de la investigación, de la correlación de fuerzas en la Asamblea y de la capacidad de las partes para sostener sus argumentos en un escenario de creciente polarización institucional.