Este lunes está previsto el arribo a La Paz de una marcha encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el Decreto Supremo 5503 que establece una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis fiscal que atraviesa el país. La movilización, denominada “Bolivia no se vende”, está integrada por al menos 2.500 personas, según una estimación de la Defensoría del Pueblo.
La marcha partió el sábado de la localidad de Calamarca, distante a 70 kilómetros de la sede de Gobierno, con representación de sectores mineros, campesinos y maestros, entre otros. Según reportes de la prensa local, el domingo hubo disputas entre los marchistas por la presencia de cocaleros del Trópico de Cochabamba, bastión del expresidente Evo Morales (2006-2019), a quienes un grupo de manifestantes intentó expulsar.
Al concluir la caminata este lunes, la administración de Rodrigo Paz convocó a los dirigentes a una reunión en la Casa de Gobierno para explicar en detalle el decreto e instalar mesas técnicas para “escuchar sus sugerencias”, informó el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, en entrevista con el canal estatal. Si bien el funcionario aseguró que se escucharán propuestas porque todas las medidas “son perfectibles”, descartó la derogación del decreto.
Los principales puntos en discusión tienen que ver con la eliminación del subsidio de los combustibles, que se traduce en un aumento del 86% y 163% en el precio de la gasolina y el diésel, y la implementación de un mecanismo de aprobación exprés de contratos relacionados con recursos naturales mediante decreto supremo.
El canciller boliviano, Fernando Aramayo, defendió este domingo la norma, aseguró que no entrega recursos naturales a inversionistas extranjeros y afirmó que las protestas están impulsadas por una “aristocracia sindical minera” que no quiere perder sus privilegios.
Tras la promulgación del decreto, el 17 de diciembre, sectores afiliados a la COB iniciaron una serie de medidas de presión y los dirigentes tuvieron una reunión con el Gobierno en la que no se alcanzaron acuerdos.
“No estamos pidiendo nada inconstitucional, nada ilegal, porque este decreto maldito, por donde quiera que se lo vea es inconstitucional y en ese sentido tenemos que ser fuertes y perseverantes”, manifestó Mario Argollo, máximo dirigente sindical de los trabajadores durante la marcha.
Los manifestantes también protestan contra el Decreto Supremo 5515, promulgado el 29 de diciembre, que autoriza al presidente a gobernar a distancia mediante el uso de medios tecnológicos cuando se encuentre fuera del país. La medida busca evitar que el vicepresidente Edmand Lara asuma el mando en ausencia de Rodrigo Paz, quien confirmó su asistencia al Foro Económico Mundial que se realizará entre el 19 y el 23 de enero en Davos, Suiza.
La medida, que contradice la Constitución Política del Estado, que establece que ante la ausencia del presidente asume el mando el vicepresidente y a falta de éste el presidente del Senado y luego de Diputados; ha generado polémica y el rechazo de varios sectores, incluido el Comité Cívico de Santa Cruz que se ofreció como mediador entre el presidente y vicepresidente para superar sus diferencias.
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