
El diputado boliviano Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, dio a conocer este lunes la presentación de un proyecto de ley denominado “antibloqueo”, a través del cual plantea tipificar esta forma de protesta como un delito. Según explicó el legislador, la iniciativa prevé sanciones de hasta 20 años de privación de libertad, de acuerdo con la gravedad de los hechos.
Alarcón señaló que el delito de bloqueo tendrá un carácter “acumulativo” respecto a otros ilícitos que puedan cometerse de manera simultánea durante este tipo de medidas de presión y por quienes las lleven adelante.
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“Lo primero que hago en este proyecto de ley es establecer que el bloqueo es un delito y no un derecho. Planteo diferentes grados de pena de cárcel en función de quiénes han promovido, organizado o instigado los bloqueos, así como de quienes ejercen violencia criminal que se suma al delito de bloqueo como otro delito más. En el caso más grave, la pena será de 10 a 20 años de cárcel, acumulativa con otros delitos que se cometan concurrentemente en el escenario de los bloqueos por los bloqueadores”, advirtió el parlamentario.

Asimismo, indicó que la propuesta normativa contempla garantías para las fuerzas del orden, tanto la Policía como las Fuerzas Armadas (FFAA), con el objetivo de evitar que sean utilizadas durante las protestas en condiciones inadecuadas.
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“Se establecen claramente las garantías para policías y militares, para que nunca más sean utilizados como carne de cañón cuando se los envía desguarnecidos, sin el equipamiento ni el armamento mínimo necesario para enfrentar la violencia de los bloqueos”, agregó.
La iniciativa también establece que no habrá distinciones entre distintos tipos de bloqueos, ya que todos serán considerados delitos, independientemente de su origen o motivaciones. “Esta ley también establece que no existen bloqueos buenos o malos: todos los bloqueos son delitos, vengan de donde vengan, los organice quien los organice o tengan las razones y motivaciones que tengan”, apuntó.
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Los bloqueos de carreteras son una de las manifestaciones más frecuentes de protesta social en Bolivia. Según datos de la Fundación UNIR Bolivia, que monitorea y analiza la conflictividad social en el país, en 2023 se registraron 187 bloqueos de carreteras a nivel nacional. En tanto, la estimación del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) para el mismo año señala que hubo entre 180 y 211 días con bloqueos de carreteras en el país.
Estas acciones consisten en la interrupción del tránsito en calles o carreteras mediante el uso de obstáculos como piedras, troncos o fuego, afectando la transitabilidad dentro de las ciudades e incluso las conexiones entre diversas regiones del país.
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El impacto de estas medidas de presión ha sido significativo tanto en términos económicos como en la vida cotidiana de la población. Las interrupciones prolongadas del transporte han generado desabastecimiento de productos básicos y combustible, alteraciones en los precios y pérdidas económicas estimadas en cientos de millones de dólares, al tiempo que sectores productivos y comerciantes han reportado dificultades operativas.
Además de las consecuencias económicas, los bloqueos han sido escenario de confrontaciones entre manifestantes y fuerzas del orden o residentes afectados, con informes de heridos y fallecimientos en episodios puntuales de violencia.
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