Acuerdos de pena, detenciones y búsqueda contrarreloj de los últimos fugitivos en Panamá

La Procuraduría General de la Nación informó este viernes que continúa obteniendo resultados judiciales relacionados con la fuga masiva registrada el pasado 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita, uno de los episodios más graves ocurridos en el sistema penitenciario panameño en los últimos años.

Según el Ministerio Público, hasta la fecha se han aprehendido 145 personas vinculadas a los hechos y se han realizado 13 audiencias de control de garantías como parte de las investigaciones que buscan determinar responsabilidades por la evasión de 195 privados de libertad.

Las diligencias ya han producido siete detenciones provisionales y seis sentencias condenatorias mediante acuerdos de pena. Tres de los condenados recibieron penas de 36 meses de prisión, otros dos fueron sentenciados a 42 meses y una persona recibió una condena de 44 meses.

La Procuraduría precisó que estas penas se sumarían a las sanciones que los sentenciados ya enfrentaban por los delitos que motivaron originalmente su privación de libertad.

En total, 54 personas han sido llevadas ante jueces de garantías por estos hechos. De ellas, 48 quedaron bajo detención provisional y seis fueron condenadas mediante acuerdos de pena. El Ministerio Público indicó además que todavía existen audiencias en desarrollo.

Mientras avanzan los procesos judiciales, las autoridades continúan con los operativos de búsqueda de los reclusos que permanecen prófugos.

El Ministerio de Gobierno confirmó este viernes que varios de los privados de libertad evadidos se han entregado voluntariamente durante las operaciones desplegadas en Chepo y otros sectores del país. Sin embargo, las autoridades no han precisado cuántos de los reclusos fueron recapturados y cuántos decidieron presentarse voluntariamente.

Al cierre de la jornada, reportes periodísticos indicaban que quedaban cerca de 29 evadidos pendientes de captura, una cifra significativamente menor a los 195 privados de libertad que escaparon durante los disturbios registrados el pasado lunes.

Los operativos han sido supervisados por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo; el director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza; y el director del Servicio de Protección Institucional, Armando King.

“Los estamos buscando y los estamos encontrando”, declaró Montalvo durante una gira de supervisión en el área de Chepo, donde continúan las labores para ubicar a los fugitivos.

Torregroza también hizo un llamado a quienes aún permanecen prófugos para que se entreguen voluntariamente en estaciones policiales o centros penitenciarios.

La fuga provocó una movilización nacional de los organismos de seguridad y derivó en la divulgación de avisos de búsqueda con recompensas de $500 por información que permitiera localizar a los evadidos.

Entre los prófugos identificados por las autoridades figuraban personas vinculadas a homicidios, narcotráfico, pandillerismo, robos, posesión ilícita de armas de fuego y delitos sexuales.

Paralelamente, comenzó a circular en medios panameños un supuesto informe interno fechado el 2 de junio de 2026 y atribuido a personal del centro penitenciario, en el que se describe una serie de acontecimientos ocurridos horas antes de la evasión.

El documento señala que algunos privados de libertad habrían sido movilizados bajo el argumento de una reunión dentro del penal y menciona posteriormente enfrentamientos entre reclusos y unidades de seguridad. También hace referencia a daños en infraestructura, vandalismo, robo de insumos y destrucción de cámaras de vigilancia. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una validación pública sobre la autenticidad de dicho informe.

La fuga masiva dejó además tres personas fallecidas y varios heridos, incluidos privados de libertad y agentes de la Policía Nacional. Posteriormente, el Gobierno anunció investigaciones para determinar posibles responsabilidades administrativas, operativas o eventuales actos de complicidad.

La crisis también derivó en cambios dentro del sistema penitenciario. Entre las medidas adoptadas figura la designación del comisionado Basilio Sánchez como nuevo director nacional de Seguridad Penitenciaria.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer cómo 195 privados de libertad lograron abandonar el penal y determinar si existieron fallas de seguridad que facilitaron la evasión. Mientras tanto, la prioridad operativa sigue siendo localizar a los últimos fugitivos y completar la recaptura total de los evadidos.