Que Daniela Cabral –una de las imputadas por la estafa de Conexión Ganadera en Uruguay– pase su prisión domiciliaria en un apartamento de lujo en Punta del Este ha generado indignación en los afectados por el esquema Ponzi que montó esta empresa.
Son más de 4.000 las personas que confiaron en un fondo pecuario, que se dedicaba a captar el ahorro de privados para, en teoría, invertirlo en la compra de ganado. A cambio, ofrecía una rentabilidad fija de al menos el 7%. Pero a comienzos de 2025 la empresa tuvo que reconocer que no tenía dinero para pagar.
Cabral, imputada por estafa, está en un apartamento en Punta del Este que será rematado por la Justicia. Ella es la viuda de Gustavo Basso, uno de los directores de Conexión Ganadera. El empresario murió en noviembre de 2024 en un accidente de tránsito. En el momento de su fallecimiento, todavía no se sabía que Conexión Ganadera estaba con números rojos: tenía un pasivo de USD 230 millones. Faltaba todavía más tiempo para saber que, en realidad, Basso se había suicidado: la Justicia comprobó que su muerte se dio tras chocar voluntariamente contra una maquinaria vial.
Los otros socios de la empresa son Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, quienes están en la cárcel al haber sido imputados por estafa y lavado de activos.
Cabral, por su parte, fijó su domicilio en una de las tres torres del edificio Imperiale, ubicado en la rambla Lorenzo Pacheco, a metros de Los Dedos de Punta del Este. La elección provocó la indignación de los damnificados. Ignacio Durán, abogado de más de 200 inversores, criticó a través de la red social X la medida. “Ser y parecer. Que tiene derecho a fijar domicilio donde quiera, lo tiene. Hacerlo en uno de los inmuebles más suntuosos y costos de Punta del Este, es una verdadera burla. Ojalá se cumplan las palabras del fiscal en la audiencia anterior: ‘Todavía hay mucha tela por cortar’”.
Pero ese apartamento en el que vive Cabral será rematado. El juez de concurso del caso Conexión Ganadera, Leonardo Méndez, decretó la venta en remate privado de este apartamento, informó El Observador. “Siendo de muy difícil conservación el bien inmueble descrito por sus importantes gastos fijos, autorizase la venta en subasta privada”, dice la resolución del juez.
Los gastos comunes de este lugar son de unos 80.000 pesos uruguayos mensuales, algo menos de USD 2.000 por mes en temporada baja.
A este importe se le debe sumar el de otros tributos que cobra la Intendencia de Maldonado, que suelen ser elevados si se los compara con otros puntos del país.
Este apartamento está valuado en USD 915.000.
El juez tomó la decisión de rematar el apartamento luego del reclamo de varios abogados de los damnificados. Según El Observador, uno de los últimos defensores en hacer este reclamo fueron los defensores Oscar Brum, Leonardo Costa y Joaquín Bonaudi. Afirmaron que el remate “no solo obedece a una necesidad económica, sino de profunda justicia pues la prisión domiciliaria de Cabral en dicho inmueble lesiona todos los días –no ya la confianza de la sociedad en el sistema de justicia– sino incluso la sensibilidad y pudor de la sociedad en su conjunto” y de quienes participan del proceso.
Los defensores de damnificados consideran que es importante que se venda todo lo que se pueda, de forma de evitar que se siga gastando el dinero de los ahorristas para mantener inmuebles que están embargados.
En nivel penal, el fiscal Enrique Rodríguez es quien investiga el caso. En la audiencia judicial en la que pidió la imputación de los socios de la firma, informó que la empresa tiene un déficit de USD 250 millones. Sin embargo, Rodríguez aclaró que el monto total aún está “por determinarse” y que, de ese total, deberá “precisarse el que corresponde de los créditos de los inversores”. Luego de esta descripción, el fiscal Rodríguez relató un panorama pesimista para los ahorristas: “La referida deuda implicaría que se transformen en prácticamente impagables los créditos que los inversores tienen a su favor”.
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