La ONG Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) reportó 59 violaciones a los derechos humanos y el fallecimiento de un recluso por negligencia médica en enero de 2026 en cárceles controladas por el régimen cubano.
Según el informe divulgado este viernes, la organización, con sede en México, identificó al menos 31 personas privadas de libertad por cuestiones políticas —29 hombres y 2 mujeres— afectadas por estas vulneraciones.
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El CDPC lamentó la muerte del preso político Lázaro García Ríos, condenado a 20 años de cárcel desde 2022 por cargos de propaganda enemiga y sabotaje. García Ríos fue sometido a una cirugía cardíaca y, pese a que los informes médicos señalaban una recuperación incompleta, fue devuelto a la prisión Combinado del Este en La Habana.
Posteriormente, denunció un deterioro de su salud, sin que existan pruebas de que recibiera atención médica adecuada y oportuna por parte de las autoridades penitenciarias.
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La ONG documentó casos de violaciones de derechos en 22 cárceles de 14 provincias, siendo la oriental Las Tunas la que registró más denuncias, sobre todo en la prisión “El Típico”. El informe subrayó que los grupos más afectados siguen siendo presos por motivos políticos, personas afrodescendientes y quienes padecen enfermedades crónicas, categorías que pueden coincidir en una misma persona.
Organismos internacionales de derechos humanos manifestaron preocupación por la situación sanitaria de los presos políticos y reclamaron su “liberación inmediata e incondicional”.
El informe describió las condiciones de vida en las prisiones como una “constante generalizada” de alimentación insuficiente y en mal estado, desnutrición severa, escasez de agua potable, infraestructura deteriorada, falta de colchones, presencia de plagas y brotes epidemiológicos sin tratamiento adecuado.
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El CDPC señaló que, como represalia por denunciar estas situaciones, los reclusos sufrieron restricciones o vigilancia en las comunicaciones, aislamiento en celdas de castigo, traslados, privación de atención médica, golpizas impunes y amenazas.
También se recibieron testimonios sobre violencia sexual entre internos con presunta instigación de las autoridades, fabricación de nuevas causas penales para impedir beneficios carcelarios y limitaciones a las visitas familiares y conyugales.
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La organización advirtió que la información presentada en el informe representa “un subregistro de los eventos y víctimas reales”, debido a la falta de transparencia oficial, la imposibilidad de acceso de observadores independientes a las cárceles y la criminalización de la labor de documentación en el sistema penitenciario del régimen cubano.
La cifra de 1.207 presos políticos en Cuba, confirmada al cierre de enero, establece un récord histórico en el país. Este número, el más elevado documentado desde que existen registros internacionales sistemáticos, responde a una política estatal de represión sostenida que incluye vigilancia digital masiva, criminalización pública y judicial de la disidencia —especialmente entre jóvenes—, así como el uso institucionalizado de la tortura y el abandono médico.
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La organización Prisoners Defenders vinculó esta escalada represiva a la intención del régimen de perpetuarse en el poder y alertó sobre la magnitud del fenómeno: actualmente, la población carcelaria representa 923 personas por cada 100 mil habitantes.
Uno de los aspectos más preocupantes es la vigilancia sistemática de las redes sociales, que se han convertido en plataformas de alto riesgo para quienes protestan o denuncian situaciones cotidianas. El informe resaltó el caso de Ankeily de la Caridad Guerra Fis, joven de 23 años detenido violentamente en La Habana tras transmitir en Facebook críticas al régimen y enviar mensajes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitando un cambio político en la isla.
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(Con información de EFE)
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