Los ciudadanos de Ecuador acudirán este domingo a las urnas para votar en el décimo referéndum nacional en veinte años, bajo una dinámica que marcó la política reciente del país.
Este nuevo plebiscito, convocado por el presidente Daniel Noboa, busca reemplazar la actual Constitución aprobada durante el gobierno de Rafael Correa y promueve una serie de reformas que incluyen cambios en defensa, financiamiento político y composición parlamentaria.
El uso del referéndum como herramienta política se consolidó en la historia ecuatoriana, con procesos de consulta propuestos por cinco presidentes. De acuerdo con cifras históricas, solo Alfredo Palacio, Correa —en cuatro ocasiones— y Lenín Moreno lograron la aprobación de todas las preguntas planteadas. En contraste, Guillermo Lasso enfrentó un revés en 2023, cuando ninguna de las cuestiones impulsadas consiguió respaldo.
En la misma línea de consultas, durante 2023 se realizó un plebiscito sobre la explotación del Bloque 43-ITT, uno de los mayores yacimientos petroleros del país, situado en el Parque Nacional Yasuní. Aquel proceso aprobó la prohibición, aunque no correspondió a una iniciativa presidencial.
Daniel Noboa, por su parte, cuenta con una experiencia previa en estas jornadas de votación, ya que convocó a un referéndum en 2024 con once preguntas centradas en asuntos de seguridad y justicia. En esa ocasión, el ‘Sí’ triunfó en nueve de las cuestiones, evidenciando el respaldo ciudadano a endurecer las políticas frente al crimen organizado.
Para la consulta de este domingo, los temas en debate incluyen la propuesta de redactar una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras, suprimir el financiamiento público a organizaciones políticas y reducir la cantidad de miembros de la Asamblea Nacional de 151 a 73. El actual gobierno sostiene que estos cambios buscarán modernizar el Estado.
En 2024, la consulta encabezada por Noboa había propuesto medidas como habilitar la extradición de ciudadanos nacionales, permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía en el combate al crimen y autorizar el empleo de armas incautadas a bandas delictivas por parte de las fuerzas de seguridad.
El debate social de esos puntos ocurrió luego de que Ecuador registrara en 2023 la tasa más alta de homicidios de su historia, ascendiendo en 2025 a una proyección de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes.
El repertorio histórico de preguntas incluyó asuntos ambientales, lucha contra la corrupción, regulación de medios de comunicación, eliminación de la reelección indefinida y ajustes en el régimen de seguridad social. Estos temas acompañaron el desarrollo de los diferentes referendos, mostrando la amplitud de preocupaciones de la sociedad ecuatoriana.
El contexto político actual está marcado por el enfrentamiento entre el oficialismo y el sector identificado con el ex presidente Correa. El movimiento correísta impulsa el voto negativo y sostiene que la reforma constitucional planteada por Noboa pondría en riesgo derechos sociales y ambientales, en particular los relacionados con la naturaleza, salud y educación pública.
Mientras tanto, el ejecutivo espera lograr la legitimación de su agenda a través de la consulta. El resultado será determinante para el futuro institucional de Ecuador y para la definición de los equilibrios de poder entre las fuerzas políticas. La jornada refleja el peso histórico que adquirió el referéndum como mecanismo central de la democracia ecuatoriana.
Daniel Noboa se m optimista respecto al triunfo del Sí en la consulta y declaró a comienzos de mes su expectativa de que el resultado posibilite la elaboración de “una Constitución donde el bien esté por encima del mal”. El presidente hizo referencia al aumento del crimen organizado, fenómeno central en la crisis de violencia e inseguridad que atraviesa el país.
(Con información de EFE)
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