Familia de Villavicencio acusó a jueces del caso de dilatar injustificadamente el proceso

Tamia Villavicencio, hija del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023, denunció formalmente ante el Consejo de la Judicatura a los tres magistrados de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que conocen el caso del magnicidio. La queja disciplinaria se presentó por presunto error inexcusable, tras una serie de actuaciones que, a criterio de la parte acusadora, comprometen la garantía de tutela judicial efectiva y violan principios elementales del debido proceso.

La denuncia, ingresada el 27 de octubre, se dirige contra los jueces José Jiménez, Patlova Guerra y Wilson Lema, quienes, según el escrito presentado por la defensa de la familia Villavicencio, habrían incurrido en una conducta contraria a su obligación de resolver sin dilaciones los asuntos sometidos a su competencia.

El eje de la controversia gira en torno a la inhibición que adoptaron el 17 de octubre, al decidir no conocer la audiencia de revisión de medidas cautelares contra los procesados José Serrano y Xavier Jordán, pese a haber avocado conocimiento del caso un día antes y haber convocado formalmente a la diligencia para el 21 de octubre.

La apelación planteada por la Fiscalía buscaba revertir las medidas de presentación periódica impuestas a Serrano y Jordán, señalados como presuntos autores intelectuales del asesinato. Ambos se encuentran fuera del país y son considerados de alto riesgo procesal por su poder económico, conexiones políticas y antecedentes de elusión de la justicia. La decisión de la sala de inhibirse de conocer el recurso, luego de haber fijado audiencia, generó la reacción inmediata de las hijas del político asesinado, quienes recusaron además a la jueza Guerra por su vínculo laboral pasado con el Ministerio de Justicia, donde habría trabajado bajo la dirección de Ledy Zúñiga.

Según el documento presentado por Tamia Villavicencio, los jueces ignoraron las disposiciones legales contenidas en el Código Orgánico de la Función Judicial. En particular, se alega la infracción del artículo 128, que prohíbe expresamente retardar o denegar injustificadamente el despacho de causas; así como del artículo 158, que establece la indelegabilidad de la competencia de los magistrados. También se cuestiona la forma en que la Sala habría interpretado de manera “desfigurada” la tipificación del delito de asesinato, incorporando elementos arbitrarios que no constan en la norma penal vigente ni en el listado de delitos calificados por la ley.

La familia del ex candidato ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por los retrasos e irregularidades procesales en el caso. El señalamiento de error inexcusable no sólo busca una sanción disciplinaria para los magistrados involucrados, sino que, en la práctica, representa una presión directa sobre el sistema judicial para evitar que se diluya la investigación sobre los autores intelectuales del crimen. Según la denuncia, los jueces no solo habrían transgredido principios básicos de competencia, sino que su actuación pone en riesgo la efectividad de la justicia en uno de los casos más emblemáticos y sensibles del país.

La queja fue presentada apenas días después de que la jueza penal de Pichincha, Luz María Ortiz, ordenara prisión preventiva contra Serrano y Jordán, y solicitara a la Interpol emitir notificaciones rojas para su localización y captura internacional. Esta decisión judicial vino motivada por nuevos elementos de convicción presentados por la Fiscalía, entre ellos un testimonio anticipado que vincula directamente a los procesados con la planificación del atentado. A pesar de esta medida, la falta de una respuesta clara de la Sala Penal sobre la apelación anterior representa, para la parte acusadora, un acto de obstrucción procesal.

El proceso penal por el asesinato de Villavicencio se encuentra en una etapa decisiva. Las audiencias de testimonio anticipado podrían aportar más pruebas que fortalezcan la hipótesis fiscal sobre la existencia de una estructura de poder que articuló el crimen desde el exterior.