El Gobierno de Ecuador suspendió el diálogo con los movimientos indígenas ante el incumplimiento de acuerdos y bloqueos continuos

El Ejecutivo ecuatoriano señaló que el proceso se frenó ante “las pretensiones e imposiciones establecidas por ciertos sectores de organismos y movimientos indígenas”

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Foto del Presidente de Ecuador Daniel Noboa. REUTERS/Adriano Machado
Foto del Presidente de Ecuador Daniel Noboa. REUTERS/Adriano Machado

El Gobierno ecuatoriano anunció este domingo que “no existen condiciones para continuar con el proceso de diálogo” con los movimientos indígenas de la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas, con cuyos líderes había acordado el pasado miércoles una tregua de las manifestaciones y el inicio de unas mesas para analizar sus pedidos.

En un comunicado, el Ministerio de Gobierno señaló que el proceso se frenó ante “las pretensiones e imposiciones establecidas por ciertos sectores de organismos y movimientos indígenas”.

“Estas exigencias alteran los términos previamente acordados, cambian los actores que intervenían en el diálogo y vulneran los compromisos construidos con responsabilidad y buena fe en anteriores encuentros”, señaló la cartera de Estado sin dar más detalles de las supuestos nuevos pedidos.

Además, indicó que “las vías no han sido despejadas”, que los manifestantes no se han retirado y que “mantienen acciones violentas”, por lo que “no se ha cumplido con lo acordado”.

El ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg. EFE/ José Jácome
El ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg. EFE/ José Jácome

El Gobierno no aceptará presiones, ni chantajes; actuará con firmeza, dentro del marco de la ley, para garantizar los derechos de la mayoría de los ecuatorianos que quieren vivir en paz”, indicó el ministerio.

El pasado miércoles, el ministro del Interior John Reimberg, se reunió con representantes de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac), de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI) en el municipio de Otavalo, perteneciente a Imbabura, y posteriormente anunciaron un cese de las protestas y el inicio desde este lunes de mesas de diálogo.

“Hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías”, dijo Reimberg frente a los medios y los dirigentes con los que se había reunido.

Sin embargo, esa decisión no fue aceptada por las comunidades, quienes al día siguiente señalaron que “el paro sigue”, algo que también fue respaldado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que convocó a las protestas hace casi un mes tras la eliminación del subsidio al diésel, y cuyos dirigentes no fueron parte de esas conversaciones.

Si bien las protestas indígenas comenzaron por el rechazo al alza del precio del diésel, luego la Conaie incluyó la exigencia de la bajada en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 12% y la liberación de los detenidos durante las manifestaciones.
Si bien las protestas indígenas comenzaron por el rechazo al alza del precio del diésel, luego la Conaie incluyó la exigencia de la bajada en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 12% y la liberación de los detenidos durante las manifestaciones.

Los bloqueos por las manifestaciones se han mantenido durante los siguientes días y este domingo aún permanecían cerradas trece carreteras en tres provincias del país, la mayoría de ellas en Imbabura.

Además, este domingo también hubo intensos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes en comunidades ubicadas al norte de Quito, la capital del país.

Si bien las protestas indígenas comenzaron por el rechazo al alza del precio del diésel, luego la Conaie incluyó la exigencia de la bajada en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 12% y la liberación de los detenidos durante las manifestaciones.

Así mismo, la Conaie agregó en el paro su rechazo al referéndum del próximo 16 de noviembre, en el que, entre otras cosas, se preguntará -por iniciativa del presidente Noboa- sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, lo que ha llevado al Gobierno a señalar a la protesta como “política”.

(con información de EFE)

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