Brasil evalúa aplicar la Ley de Reciprocidad contra los aranceles de Estados Unidos

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva autorizó este jueves el inicio de consultas formales para determinar si procede activar la Ley de Reciprocidad Económica frente a los aranceles del 50% impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump sobre una amplia gama de importaciones brasileñas. La medida abre un período de 30 días para que la Cámara de Comercio Exterior (Camex) presente un dictamen técnico.

Según el decreto reglamentario aprobado en julio, Camex debe analizar si los aranceles estadounidenses encajan en el marco de la Ley de Reciprocidad, sancionada en abril, que habilita a Brasil a adoptar contramedidas comerciales proporcionales frente a acciones unilaterales de otros países. Entre esas medidas figuran incrementos arancelarios compensatorios, suspensión de concesiones y restricciones a inversiones estratégicas. El Ministerio de Relaciones Exteriores notificará oficialmente a Washington este viernes, informaron las fuentes diplomáticas. La decisión marca un punto de inflexión en la relación bilateral, con potencial de escalar hacia una guerra comercial entre las dos mayores economías del continente.

El origen de la disputa se remonta al 30 de julio, cuando Trump firmó una orden ejecutiva que impuso un recargo adicional del 40% sobre productos brasileños, que se suma al 10% de arancel recíproco decretado en abril. En conjunto, el gravamen alcanza el 50% y comenzó a aplicarse el 6 de agosto de 2025, siete días después de la orden. La Casa Blanca justificó la medida aludiendo a una “persecución política” contra Jair Bolsonaro y a las decisiones del juez Alexandre de Moraes en el Supremo Tribunal Federal. En paralelo, Washington sancionó personalmente al magistrado, lo que generó fuertes críticas en Brasil y llevó a The Guardian a hablar de un “ataque a la democracia brasileña”.

Lula rechazó de plano la narrativa de Trump. “Brasil es un país soberano, con instituciones independientes, que no acepta tutela de nadie”, afirmó en un discurso televisado. El canciller Mauro Vieira insistió en que la Ley de Reciprocidad “tiene como objetivo defender el interés nacional” y que cualquier respuesta estará guiada por criterios técnicos.

El vicepresidente Geraldo Alckmin coordina un comité interministerial creado por el decreto reglamentario, que reúne a Hacienda, Industria, Agricultura y el Itamaraty. El grupo mantendrá reuniones con sectores productivos para evaluar el impacto del tarifazo y definir posibles contramedidas.

Los sectores más afectados son el acero y el aluminio, productos clave de la relación bilateral. En 2023, Estados Unidos importó más de 5.400 millones de dólares en acero brasileño, según S&P Global, consolidando a Brasil como uno de sus principales proveedores. La agroindustria —soja, café y etanol— también teme impactos severos en sus exportaciones.

El comercio bilateral entre ambos países superó los 127.000 millones de dólares en 2024, según la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR). Sin embargo, las cifras muestran que Estados Unidos mantiene un superávit estructural frente a Brasil —cerca de 7.000 millones en bienes y más de 30.000 millones al sumar servicios—, contradiciendo la narrativa de déficit promovida por Trump.

La publicación de la Ley de Reciprocidad en abril ya había generado advertencias de un endurecimiento en la política comercial brasileña, tradicionalmente multilateral. Tatiana Prazeres, exsecretaria de Comercio Exterior, dijo a Folha de S. Paulo que la norma dota a Brasil de “un arma poderosa, pero también riesgosa”, pues una aplicación frontal podría desencadenar represalias adicionales de Washington.

El abogado general de la Unión, Jorge Messias, reforzó esa línea en un artículo publicado en The New York Times en julio: “La imposición de una tarifa generalizada de 50% no es solo desproporcionada, sino también contraria a las reglas del comercio justo”, escribió, según reprodujo CNN Brasil.

Además de la Ley de Reciprocidad, Brasil evalúa recurrir a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Funcionarios de Itamaraty han señalado que los aranceles de Trump podrían violar compromisos multilaterales. Sin embargo, un proceso ante la OMC suele prolongarse años, mientras que la ley nacional permite respuestas inmediatas.

En Washington, la reacción inicial ha sido de cautela. Un funcionario del Departamento de Estado, citado por Reuters, aseguró que EEUU “espera que Brasil evite medidas precipitadas que puedan dañar una relación estratégica de larga data”. Pero en Brasilia, la presión política y empresarial para responder es creciente.

Por ahora, Camex tiene un mes para definir si los aranceles estadounidenses justifican una aplicación plena de la Ley de Reciprocidad. El resultado de ese análisis marcará el tono de la relación bilateral en los próximos meses. Entre la defensa de la soberanía y el riesgo de una guerra comercial, Brasil enfrenta un dilema que pondrá a prueba la habilidad diplomática de Lula en su tercer mandato.