El Gobierno solicitó a la Corte Constitucional (CC) aplazar la audiencia telemática prevista para el 18 de agosto de 2025, en la que se analizaría la acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluye reformas a la Ley de Servicio Público. La petición fue presentada por el secretario general jurídico de la Presidencia, Stalin Andino González, quien pidió diferir la sesión hasta que se cumpla el plazo de quince días para contestar las acciones de inconstitucionalidad acumuladas al caso 52-25-IN, notificadas a la Presidencia el pasado 8 de agosto.
El Ejecutivo argumenta que la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen ese plazo para preparar una defensa adecuada, con base en el derecho al debido proceso. En este sentido, pidió que la Corte respete la normativa y conceda el tiempo íntegro antes de la audiencia. La solicitud también fue respaldada por la Asamblea Nacional, que emitió un comunicado exhortando a la CC a cumplir la ley y denunciando que, en este caso, el término se redujo a siete días y, en otras demandas relacionadas, a solo tres, frente a los quince que marca la legislación.
El congreso advirtió que esta reducción limita la posibilidad de elaborar una respuesta técnica y jurídicamente sólida, y compromete el respeto al debido proceso. Señaló que presentará su propia solicitud de diferimiento para que la audiencia no se realice hasta que se agoten los plazos legales. Además, pidió que se amplíen los términos para contestar las causas 78-25-IN y 84-25-IN, también vinculadas a demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública.
El caso 52-25-IN se originó en una demanda presentada por el partido Unidad Popular, que cuestiona varios aspectos de la normativa, entre ellos, reformas que afectan la estabilidad laboral en el sector público, la conversión de cooperativas en bancos y una disposición que permitió el perdón de impuestos a la Corporación Noboa, de la familia del presidente.
La Ley Orgánica de Integridad Pública es una de las tres normas impulsadas por el presidente Daniel Noboa cuya aplicación fue parcialmente suspendida por la CC el 4 de agosto, mientras se resuelven las demandas. Entre sus disposiciones figura la evaluación semestral de más de 400.000 servidores públicos, un punto que ha generado debate sobre su implementación y efectos.
La controversia se produce en medio de una creciente tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, evidenciada en la marcha convocada por el presidente el 12 de agosto contra el tribunal. Organismos internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional han advertido que este tipo de actos y discursos pueden poner en riesgo la independencia judicial y la seguridad de los jueces.
La mañana del 14 de agosto, en entrevista con Ecuavisa, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Gina Romero, expresó preocupación por la confrontación pública entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Advirtió que los jueces deben poder ejercer sus funciones sin presiones ni represalias y recordó que la independencia judicial es un pilar esencial del Estado de derecho y de la protección de los derechos humanos.
Romero enfatizó que las acciones y discursos que puedan interpretarse como intentos de influir o desacreditar a los magistrados afectan la confianza ciudadana en la justicia y pueden vulnerar los estándares internacionales que garantizan el funcionamiento autónomo de los órganos judiciales.
Mientras tanto, las organizaciones demandantes esperan que el proceso se tramite con celeridad y que el tribunal se pronuncie sobre el fondo de las reformas. Por su parte, el Gobierno insiste en que su petición busca garantizar un proceso justo y el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, en línea con lo que establece la ley.
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