La CIDH alertó que las acciones de Noboa contra la Corte ponen en riesgo la independencia judicial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento sobre el conflicto entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la Corte Constitucional (CC). La CIDH se suma a otras declaraciones internacionales que ya advirtieron sobre el riesgo que representan las recientes acciones y discursos del Ejecutivo y de otras autoridades para la independencia judicial en el país.

En un comunicado publicado el 12 de agosto de 2025, la CIDH expresó “preocupación por actos y discursos que pueden amenazar la labor independiente de juezas y jueces de la Corte Constitucional”. El organismo señaló que la protesta convocada por el Gobierno y apoyada por autoridades de la Asamblea Nacional, realizada el mismo día, se desarrolló en un contexto de campañas de desprestigio en redes sociales y en la vía pública contra el tribunal. La marcha incluyó el traslado de una tanqueta militar al edificio de la Corte.

Según la CIDH, estos hostigamientos “amenazan la independencia judicial, las garantías para el ejercicio de las funciones judiciales y la seguridad e integridad de quienes trabajan en la Corte”. Además, recordó que la independencia judicial “es fundamental en el sistema de pesos y contrapesos” y que Ecuador debe asegurar “el desarrollo libre de la función de la Corte Constitucional”.

En el mismo sentido, la ONG Amnistía Internacional advirtió que la Corte “debe poder operar sin presiones políticas” e instó al presidente Noboa y a las autoridades a respetar la independencia judicial, “esencial para la garantía y protección de los derechos humanos, más aún en un contexto de militarización de la seguridad pública en el país”.

La organización de la sociedad civil recordó que el 4 de agosto, la Corte suspendió de forma temporal ciertos artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo como parte de su estrategia de seguridad: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública. Estas suspensiones, precisó Amnistía, permitirán analizar si las disposiciones son constitucionales y si vulneran derechos humanos. “La Corte debe poder analizar las leyes sin ningún tipo de injerencia indebida”, subrayó.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte se intensificó después de esa decisión. Noboa criticó públicamente al tribunal y convocó a una marcha hacia su sede en Quito, realizada el 12 de agosto, para manifestar su rechazo a las resoluciones judiciales. Durante el evento, al que acudieron seguidores y miembros de su gabinete, el mandatario reiteró sus cuestionamientos a las decisiones de la Corte, a la que responsabilizó por la situación de violencia en el país.

Además, la tensión ha crecido en un contexto de alta conflictividad política. Noboa ha anunciado una consulta popular con siete preguntas que incluyen reformas políticas, económicas y de seguridad. Entre ellas, destacan la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, la supresión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la autorización para someter a juicio político a magistrados de la Corte Constitucional. El presidente ha señalado que el referéndum podría celebrarse el 14 de diciembre, mientras que la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, indicó que la fecha prevista sería el 30 de noviembre.

El pronunciamiento de la CIDH se suma a una serie de advertencias de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos sobre la importancia de preservar la independencia de los jueces constitucionales. Human Rights Watch (HRW) ya había manifestado su preocupación el 9 de agosto, instando al Ejecutivo a evitar acciones que pudieran interpretarse como represalias contra el tribunal.

También la relatora de la ONU para la independencia judicial fue de las primeras autoridades en pronunciarse. No obstante, consultada por Infobae, la portavoz de la Presidencia de Ecuador afirmó que estos comentarios no son motivo de inquietud para el Ejecutivo.

Expertos en derecho constitucional han señalado que las decisiones de la Corte forman parte de sus atribuciones para ejercer control de constitucionalidad sobre las leyes y que el respeto a sus fallos es una condición necesaria para la estabilidad democrática. Las críticas internacionales apuntan a que la confrontación abierta entre el Gobierno y el tribunal podría debilitar la institucionalidad y agravar la polarización política.

El Gobierno, por su parte, ha defendido sus acciones como una respuesta legítima a lo que considera un obstáculo judicial a su plan de seguridad. Noboa ha insistido en que las reformas propuestas y la movilización social buscan reforzar la lucha contra la delincuencia y dotar al Estado de herramientas para enfrentar la crisis de violencia que atraviesa Ecuador.