Daniel Noboa lideró una multitudinaria marcha contra la Corte Constitucional en medio de críticas internacionales

El centro norte de Quito se convirtió en el escenario de una marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa contra la Corte Constitucional (CC), en respuesta a la suspensión de 25 artículos de tres leyes económicas urgentes impulsadas por su gobierno. Desde tempranas horas, el movimiento de cientos de buses interprovinciales y el despliegue de seguridad marcaron el inicio de la jornada. Hacia las 07:30, los primeros grupos de manifestantes llegaron a la capital para luego concentrarse en el parque de El Ejido, junto al Puente del Guambra, punto de partida de la movilización.

El sol golpeaba con intensidad, pero eso no detuvo a los asistentes. Al menos 10.000 personas —según pudo observarse en terreno— se congregaron bajo estrictas medidas de seguridad. Helicópteros del Ejército y aeronaves de la Policía sobrevolaban la zona, mientras militares, policías y la escolta presidencial custodiaban el recorrido. El personal de la Presidencia controlaba la primera fila para evitar que hubiera gorras o camisetas de color morado, tono asociado al movimiento oficialista ADN. Los manifestantes portaban carteles uniformes, impresos con la misma tipografía y tamaño, con un mensaje repetido: “jueces corruptos”.

A lo largo del trayecto —avenida Patria, avenida 6 de Diciembre y calle Lizardo García—, se desplegaron gigantografías con rostros y nombres de los jueces constitucionales, quienes días atrás suspendieron artículos de las leyes de Inteligencia, Solidaridad Nacional e Integridad Pública. Algunas pancartas, colocadas en los distintos puntos del recorrido, acusaban a los magistrados de “robar la paz” al país.

El presidente marchó al frente, flanqueado por figuras clave de su gabinete y aliados políticos: el ministro del Interior, John Reimberg; el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo y la vicepresidenta María José Pinto. La canciller Gabriela Sommerfeld y el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen y otras figuras oficialistas también participaron.

La mañana del martes, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, consultada por Infobae negó que el Ejecutivo haya participado en la colocación de estas imágenes o de vallas que responsabilizan a la CC por las muertes violentas registradas desde el 4 de agosto. Sin embargo, su afirmación fue cuestionada por diversos sectores y analistas, que consideraron insuficiente la explicación oficial.

La convocatoria oficial no incluyó, según la vocera, financiamiento con fondos públicos. Aun así, la uniformidad de los carteles y la logística de transporte generaron interrogantes. Jaramillo, en su rueda de prensa semanal, también minimizó la relevancia de los pronunciamientos internacionales. Tanto la relatora de la ONU para la independencia judicial como Human Rights Watch expresaron su preocupación por posibles presiones políticas y amenazas contra la CC hace unos días, pero la portavoz afirmó que estos comentarios no son motivo de inquietud para el Ejecutivo.

Noboa se pronunció brevemente como ya es costumbre. En menos de 10 minutos dio un discurso emitido desde una camioneta frente a la sede de la Corte Constitucional. El mandatario insistió en que su presencia respondía al deseo de “hacer una diferencia” y a la búsqueda de paz. Vestido de negro y con chaleco antibalas, afirmó: “Estamos aquí con el pueblo, uniéndonos a las familias de las fuerzas, y, sobre todo, luchando contra la corrupción… No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante la sociedad”.

En paralelo, organismos como la Corte Nacional de Justicia y organizaciones internacionales como la Washington Office for Latin America (WOLA) recordaron que la Corte Constitucional es garante de la supremacía constitucional y la protección de los derechos fundamentales, y que sus miembros no deben recibir presiones políticas ni represalias. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó de “inaceptables” los ataques contra la CC y exhortó a las autoridades a garantizar la seguridad e independencia de los jueces.

Además, la mañana del martes, en un comunicado, la Corte Constitucional denunció que el vallado perimetral habitual fue retirado sin notificación previa el 11 de agosto y que el edificio amaneció totalmente militarizado. La alta corte señaló que durante el recorrido de la marcha se colocaron vallas con rostros de jueces, lo que constituye “una estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad e integridad personal y afecta directamente a la independencia” del organismo.

La Corte recordó que no ha tomado una decisión de fondo sobre las leyes impugnadas y que los espacios apropiados para debatir su constitucionalidad son las audiencias públicas que iniciarán el 18 de agosto.

La movilización avanzó sin incidentes significativos y a paso rápido. Tras el discurso del presidente, la mayoría de asistentes se dispersó, mientras un grupo reducido permaneció en las inmediaciones de la Corte exigiendo la salida de los jueces y lanzando insultos. Según información obtenida por Infobae, la institución evacuó a sus funcionarios por precaución durante el desarrollo de la protesta.

Tras la marcha, el propio Noboa publicó en redes sociales imágenes de la marcha, comparándolas con la movilización de organizaciones sociales realizada la semana anterior: “Primero, la marcha por el país y la seguridad. Segundo, la marcha a favor de la delincuencia y la corrupción”, escribió, contraponiendo ambas manifestaciones.

La marcha se enmarca en un clima político tenso. La suspensión parcial de las leyes impulsadas por Noboa se produjo después de que organizaciones sociales y sindicales presentaran demandas de inconstitucionalidad, alegando que las reformas vulneraban derechos fundamentales. El gobierno sostiene que estas normas son esenciales para combatir la violencia y la inseguridad, así como para desarticular economías ilícitas vinculadas al crimen organizado. La disputa con la Corte Constitucional ha escalado desde entonces, con el Ejecutivo defendiendo la idea de un control político sobre el tribunal, algo que, según la vocera, ocurre en otros países de la región.

El 12 de agosto, Quito fue testigo de una demostración de fuerza política que, lejos de cerrar el pulso entre Carondelet y la Corte, pareció profundizarlo. Mientras el gobierno insiste en que la movilización fue una expresión democrática ciudadana, las críticas internas y externas advierten sobre los riesgos de que esta confrontación erosione la independencia judicial y la institucionalidad democrática del país. Noboa, por su parte, cerró la jornada proclamando que “la mayoría quiere resultados, quiere paz” y que no se detendrá “hasta lograr el cambio”.

Pese a las declaraciones oficiales, el debate sobre la naturaleza de la marcha, la implicación del Estado en su organización y el impacto que tendrá en la relación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional sigue abierto. Lo ocurrido este día, con su despliegue masivo, mensajes directos contra jueces y el eco internacional de las críticas, deja en evidencia que la tensión institucional se proyecta más allá de las calles de Quito y coloca a Ecuador en el foco de atención de organismos internacionales y defensores de derechos humanos.