El general retirado del Ejército de Brasil Mário Fernandes reconoció el jueves ante la Corte Suprema haber redactado un documento que incluía un plan para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco del juicio que enfrenta el ex presidente Jair Bolsonaro por su presunta participación en una trama golpista destinada a impedir la asunción del mandatario electo.
El militar, quien durante el gobierno de Bolsonaro se desempeñó como jefe sustituto de la Secretaría General de la Presidencia, confirmó haber elaborado e impreso el documento en el Palacio de Planalto, aunque alegó que se trataba únicamente de una reflexión personal.
“Ese archivo digital solo retrata un pensamiento mío, una recopilación de datos, un estudio de la situación”, declaró por videoconferencia durante su interrogatorio ante el máximo tribunal. Según su testimonio, imprimió el texto únicamente para leerlo en papel y luego lo destruyó. “No fue presentado a nadie, no fue compartido por nadie”, aseguró.
De acuerdo con la fiscalía, el documento formaba parte de una operación identificada como “Puñal Verde y Amarillo”, que contemplaba el asesinato de Lula, del entonces vicepresidente electo Geraldo Alckmin, y del juez Alexandre de Moraes, responsable del juicio que se lleva adelante contra Bolsonaro en la Corte Suprema.
Según el Ministerio Público, el documento habría sido trasladado por Fernandes a la residencia presidencial de la Alvorada, el 6 de diciembre de 2022, para sostener “tratativas” con el entonces presidente.
Ese mismo día, Bolsonaro también habría recibido un borrador de decreto que establecía medidas excepcionales para anular los resultados de las elecciones presidenciales, según la información recabada por los investigadores. La fiscalía sostiene que se trataba de un plan más amplio que buscaba desconocer la victoria electoral de Lula da Silva y evitar su toma de posesión.
El presunto intento de golpe de Estado, atribuido a sectores del gobierno saliente, no llegó a ejecutarse debido a la falta de apoyo entre los altos mandos militares, de acuerdo con los fiscales. No obstante, el caso involucra a una treintena de antiguos colaboradores de Bolsonaro, quienes están siendo procesados junto con el ex mandatario.
La causa judicial gira en torno a la acusación de que Jair Bolsonaro —quien ocupó la presidencia entre 2019 y 2022— dirigió un plan para alterar el orden constitucional y frustrar la transición democrática del poder luego de ser derrotado en la segunda vuelta electoral por el actual presidente Lula.
El resultado de los comicios de octubre de 2022 fue ajustado, y desde entonces Bolsonaro ha sido acusado de alentar discursos de fraude electoral y de promover la desconfianza en el sistema democrático brasileño.
El supuesto plan “Puñal Verde y Amarillo” estaba programado para ejecutarse el 15 de diciembre de 2022, pocos días antes de la toma de posesión de Lula, el 1 de enero de 2023. Las autoridades aseguran que el objetivo era eliminar a las principales figuras del gobierno entrante, así como al magistrado que presidía la autoridad electoral, cuya función era validar el proceso electoral y proclamar los resultados.
La semana pasada, la fiscalía solicitó la condena de Bolsonaro por su presunto papel en la organización del complot. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión.
(Con información de AFP)
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