El régimen de Nicaragua anunció que 2,000 personas condenadas por delitos comunes saldrán de prisión el 8 de noviembre y pasarán al denominado régimen de convivencia familiar. Con esa medida, el número de reos beneficiados por excarcelaciones masivas durante 2026 ascenderá a 9,900, según informó La Prensa, diario nicaragüense.
La vocera oficial y codictadora, Rosario Murillo, comunicó que las liberaciones comenzarán a las 10 de la mañana y alcanzarán a internos de distintos sistemas penitenciarios del país, de acuerdo con el medio local. El anuncio no precisó cuántas personas saldrán de cada penal ni los delitos por los que habían sido condenadas.
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La medida coincidirá con el aniversario de la muerte de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). A comienzos de este año, el 8 de noviembre fue incorporado al calendario de feriados nacionales obligatorios con goce de salario.
Según La Prensa, Murillo sostuvo que los liberados ingresarán a un esquema de convivencia familiar por “buena conducta”, con el objetivo de que retomen actividades junto a sus familias. La dirigente afirmó que se trata de una oportunidad para que los beneficiados vuelvan a sus hogares y se reincorporen a la vida comunitaria.
La sexta liberación masiva anunciada en diez meses
La próxima salida de 2,000 reos será la sexta liberación colectiva de presos comunes dispuesta por el Ejecutivo nicaragüense en lo que va de 2026. La Prensa contabilizó que, antes de este anuncio, el régimen había ordenado la excarcelación de 7,900 personas desde enero.
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El último operativo de este tipo se realizó el 21 de septiembre, cuando las autoridades dispusieron la salida de 1,600 hombres y mujeres de centros penitenciarios de varias regiones del país.
Las excarcelaciones colectivas de reos comunes se convirtieron en una práctica recurrente de la dictadura nicaragüense. En años anteriores, las salidas de prisión fueron anunciadas en fechas religiosas, celebraciones nacionales, aniversarios vinculados al sandinismo y otras conmemoraciones oficiales.
El portal Nicaragua Investiga señaló que estas medidas se han aplicado durante la última década y que los operativos permitieron la salida de más de 70,000 personas condenadas por delitos comunes. El medio indicó que en 2025 se registraron 9,900 liberaciones bajo este mecanismo, una cifra similar a la que el régimen alcanzaría al completar el operativo previsto para noviembre.
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El gobierno vincula la medida con la convivencia familiar
El lenguaje oficial presenta las excarcelaciones como iniciativas de unidad y reintegración familiar. Murillo describió la nueva medida como parte de una “vocación y confirmación de pueblo cristiano y solidario”, de acuerdo con La Prensa.
La falta de detalles sobre los expedientes judiciales, las penas pendientes y los mecanismos de seguimiento de los liberados genera cuestionamientos entre sectores críticos del gobierno. En el anuncio de esta semana tampoco se difundieron criterios públicos sobre la selección de los 2.000 beneficiados ni programas específicos de reinserción, atención psicológica, empleo o monitoreo posterior a la salida de prisión.
Nicaragua Investiga afirmó que organizaciones y activistas han advertido sobre eventuales riesgos para la seguridad ciudadana ante liberaciones sin información detallada sobre antecedentes penales, evaluación individual de conducta o condiciones de seguimiento. Esas organizaciones también plantearon inquietudes por posibles casos de reincidencia, en particular en delitos de violencia contra las mujeres.
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Las liberaciones, bajo un sistema penitenciario controlado por el régimen
La nueva excarcelación se anunció en un contexto de concentración de poder en Nicaragua. Días antes, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, afirmó que existen motivos razonables para considerar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en el país desde 2018.
El grupo señaló que documentó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución política y privaciones de nacionalidad contra opositores. También sostuvo que el oficialismo mantiene control sobre la Policía, el sistema judicial y las prisiones.
El régimen de Nicaragua rechaza esas acusaciones y ha calificado los pronunciamientos internacionales como intervenciones políticas contra el país.
La liberación prevista para el 8 de noviembre ampliará la cifra de personas que salieron de prisión antes de cumplir por completo sus condenas durante 2026. Hasta ahora no se informó si el Ejecutivo prevé nuevos operativos antes de que termine el año.
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